INFORME PRESENTADO POR LA FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE (FUNAM) ANTE LA COTBN (CÓRDOBA, ARGENTINA).
Por
Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo
Presidente de FUNAM
Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba
Profesor Titular, Maestrías en la UBA, UN de Mar del Plata,
UN de Córdoba, UN de Catamarca, UN de Rosario
Profesor Invitado, University of Helsinki, Finlandia.
Fellow, Universiti Sains Malaysia, Right Livelihood College.
Ex Director de la Maestría en Gestión Ambiental (UN del Nordeste). Ex Director de la Maestría en Gestión Ambiental (UN San Luis). Ex presidente de la Asociación Argentina de Ecología. Ex vicepresidente de Greenpeace Argentina.
Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia)
Premio Global 500 de Naciones Unidas (UNEP-Bruselas, Bélgica)
Premio Nuclear Free-Future (Salzburgo, Austria)
Premio a la Investigación Científica (Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA)
Miembro del Consejo Asesor de la Delegación Córdoba del INADI
Email: raulmontenegro@flash.com.ar
Teléfonos 03543-422236 y 0351-155 125 637
Copyright by Raul A. Montenegro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11723.
Córdoba, Argentina
Primera versión: Agosto de 2008 (INADI)
Segunda versión: febrero de 2009 (COTBN)
Por
Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo
Presidente de FUNAM
Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba
Profesor Titular, Maestrías en la UBA, UN de Mar del Plata,
UN de Córdoba, UN de Catamarca, UN de Rosario
Profesor Invitado, University of Helsinki, Finlandia.
Fellow, Universiti Sains Malaysia, Right Livelihood College.
Ex Director de la Maestría en Gestión Ambiental (UN del Nordeste). Ex Director de la Maestría en Gestión Ambiental (UN San Luis). Ex presidente de la Asociación Argentina de Ecología. Ex vicepresidente de Greenpeace Argentina.
Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia)
Premio Global 500 de Naciones Unidas (UNEP-Bruselas, Bélgica)
Premio Nuclear Free-Future (Salzburgo, Austria)
Premio a la Investigación Científica (Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA)
Miembro del Consejo Asesor de la Delegación Córdoba del INADI
Email: raulmontenegro@flash.com.ar
Teléfonos 03543-422236 y 0351-155 125 637
Copyright by Raul A. Montenegro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11723.
Córdoba, Argentina
Primera versión: Agosto de 2008 (INADI)
Segunda versión: febrero de 2009 (COTBN)
Introducción
La ley nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26331/2008 y su decreto Reglamentario 91/2009 son normas discretas con numerosos vacíos y contradicciones. El desborde de entusiasmo que provocó la reciente aprobación de la ley no tiene relación con las limitaciones de su contenido. Dos de sus aportes más trascendentes son la ratificación de los derechos de las comunidades indígenas (previstos en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), y el reconocimiento de los derechos que tienen los tenedores ancestrales. El artículo 2° del reglamento establece que "la situación jurídica de los pequeños productores será asimilable, a los efectos de la ley y el presente reglamento, a la de las Comunidades Indígenas".
El proyecto de ley fue presentado originalmente por Miguel Bonasso en la Cámara de Diputados de la Nación mediante Expediente n° 2843-D-2006, y designado como Trámite Parlamentario n° 60 (30 de mayo de 2006). El proyecto original tenía 21 artículos y la ley aprobada, en cambio, 44 artículos.
Un elemento altamente positivo fue la presión pública para acelerar la aprobación de la ley. Esto se logró gracias a la campaña "Votá por la ley de bosques" que organizaron conjuntamente Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Proteger y Taller Ecologista de Rosario. Coordinada por Greenpeace logró recolectar 1.438.092 votos.
Debe aclararse que la ley nacional n° 26331 busca proteger los bosques pero también institucionaliza los desmontes. El artículo 9 del reglamento lo ratifica "Se entiende que la transformación [de los bosques], sea esta parcial o total, es la actividad de desmonte definida por el artículo 4 de la ley".
En cuanto a la actualización del inventario nacional de bosques nativos, específicamente tratado en el artículo 11 del reglamento, establece que puede demorarse hasta 5 años. El artículo parece ignorar la existencia de satélites y otros sensores remotos.
En cuanto al artículo 15 habilita el uso del fuego para eliminar "residuos vegetales" como si el país fuera homogéneo y resistente al fuego, lo que es técnicamente incorrecto.
La ley, por otra parte, no asume explícitamente la complejidad biótica y abiótica de los ambientes de bosque, ni su estrecha relación con ambientes terrestres no boscosos y ambientes acuáticos (cuencas hídricas).
Otra curiosidad de la ley es que ningún artículo aborda la amenaza que representa para los ecosistemas de bosque el uso masivo de plaguicidas en áreas vecinas o dentro de los mismos bosques. Actualmente la deriva de las pulverizaciones agrícolas contamina con herbicidas, insecticidas y otros biocidas los bosques nativos calificados como Categoría I y II por la ley (aquellos que no pueden desmontarse). Llama la atención que buena parte de lo descrito en el Anexo de la ley, dedicado a definir criterios de sustentabilidad, no figuran ni en la ley ni en su reglamento. Temas clave como el manejo concertado de ecosistemas de bosque que ocupan dos provincias o más ni siquiera está abordado. Esta discordancia tiene numerosos efectos prácticos negativos.
Pero la puerta más peligrosa de la ley está en el artículo 33. Cada provincia hace su propio Ordenamiento de Bosques Nativos (lo que es correcto) pero incluyendo las superficies que podrán ser desmontadas (Categoría III). El problema es que los gobiernos no suelen crear mecanismos de participación genuinos para lograr esos ordenamientos, o hacen consultas y luego ignoran sus recomendaciones. Pueden utilizar entonces el artículo 33 para blanquear aquellas zonas que antes de la ley eran candidatas al desmonte. Salta ya lo hizo mediante ley n° 7543. Habilita zonas para desmonte que antes de la ley nacional no podrían haber sido tocadas. Por esta causa la Universidad Nacional de Salta inició acciones contra el gobierno de la provincia.
Este informe es una contribución de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) al proceso de ordenamiento de bosques nativos de a provincia de Córdoba. Representa además la posición que sostiene el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), Delegación Córdoba. Tanto FUNAM como INADI son miembros de la COTBN.
FUNAM deja asentado, sin embargo, que abordar el ordenamiento de los bosques nativos sin considerar simultáneamente el ordenamiento de todos los usos del suelo es un grave error de gestión.
1. AMBIENTES NATURALES EXISTENTES EN ARGENTINA Y FUNCIONES DE LOS BOSQUES NATIVOS
La biosfera es un sistema superficial relativamente continuo donde interactúan los seres vivos, desde bacterias hasta animales y árboles de gran tamaño. Aunque existen situaciones intermedias, las dos grandes matrices donde se desarrolla la vida son la hídrica-atmosférica y la sólida-atmosférica. Para facilitar su descripción y estudio Tansley desarrolló la noción de ecosistema en 1935. Los ecosistemas son por lo tanto unidades arbitrarias definidas por formas dominantes. Como las plantas verdes tienen menor movilidad que otros organismos y conforman una suerte de "esqueleto" ambiental, suelen ser las preferidas para identificar unidades. Entre las categorías de ecosistemas terrestres más utilizadas se encuentra el sistema adoptado por Cabrera & Willink para América del Sur (1980). En su esquema existen unidades mayores que sucesivamente engloban unidades menores: Regiones, Dominios, Provincias Biogeográficas y Distritos.
Conforme a Cabrera & Willink existen en Argentina 11 Provincias Biogeográficas distribuidas de la siguiente forma: las Yungas (o Selva Subtropical Occidental) y la Paranaense (Selva Subtropical Oriental) que pertenecen al Dominio Amazónico; las Provincias Biogeográficas Chaqueña, del Espinal, de la Prepuna, del Monte y de la Estepa Pampeana que pertenecen al Dominio Chaqueño; las Provincias Biogeográficas Patagónica, Altoandina y de la Puna pertenecen al Dominio Andino-Patagónico, y las Provincias Biogeográficas Subantártica e Insular al Dominio Subantártico (Cabrera & Willink, 1980). En estos ambientes la fisonomía varía de ecosistemas con bioformas superficiales de escasa altura y complejidad, a ecosistemas con formaciones boscosas de hasta >40 metros de altura y gran complejidad. Estas últimas son objeto del presente informe.
Los bosques nativos son fundamentales para la protección de las cuencas hídricas de captación, para atenuar el impacto de las gotas de lluvia y la nieve, para reducir los efectos de la escorrentía, para disminuir la erosión hídrica y eólica, para generar y regenerar suelo, para aumentar la infiltración y la alimentación de acuíferos, para conservar la humedad relativa de los suelos y de la atmósfera superficial, para regularizar el flujo hídrico durante los distintos meses del año, para conservar altos valores de biodiversidad, y para aumentar la resistencia ambiental al cambio climático y otros disturbios. Contribuyen además a la estabilidad meteorológica y climática, y a mantener recursos paisajísticos y ambientales de interés turístico. Todas estas funciones están intrínsecamente unidas a la supervivencia del ser humano y por extensión a la supervivencia misma de los ecosistemas.
2. LA DESTRUCCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS EN ARGENTINA
Lamentablemente los bosques nativos sucumben ante las topadoras y la irracional expansión de los cultivos de soja y otras plantas transgénicas, favorecidas por gobiernos provinciales y un gobierno nacional absolutamente incompetentes. Mientras la estadística sobre desmontes que genera la Secretaría de Ambiente de la Nación se actualiza con cierta regularidad (2008), los desmontes continúan.
Argentina ya perdió más del 80% de sus bosques nativos, y el proceso continúa. En 1914 los bosques nativos cubrían estimativamente 106 millones de hectáreas (Di Pace y otros, 1992). Hacia 1926 el Anuario de la República argentina reducía ese patrimonio de "bosques y montes" a 74.740.000 hectáreas (Montenegro, 1987). Si estas cifras son exactas, en ese período se perdió un total de 31.260.000 hectáreas. Hacia 1995 la CEPAL, en su "Desarrollo económico de Argentina", estimaba que los bosques ocupaban una superficie de 60.300.000 hectáreas. La nueva pérdida fue de 11.440.000 hectáreas en 29 años. Posteriormente Luis Foulón y Domingo Cozzo calcularon en un trabajo para el Consejo Federal de Inversiones que la Argentina tenía, en 1963, un total de 58.740.000 hectáreas. En estos 8 años (1955-1963) se habrían destruido por lo tanto otras 1.560.000 hectáreas. En 1984 el entonces IFONA estimó que nuestro país solo conservaba 36.000.000 de hectáreas. La destrucción sumó así hasta ese año 22.740.000 hectáreas de bosque nativo (1963-1984) (Montenegro, 1987).
Estas cifras son aterradoras. Entre 1914 y 1986 se destruyó el 66% de toda la superficie boscosa autóctona de Argentina, es decir unos 70.0000.000 de hectáreas. El exterminio se concretó a un promedio de 972.222 hectáreas por año (3). Di pace estimaba en 1992 que el 80% de la tierra plana con potencial agrícola de los bosques del Espinal, Yungas y Chaco ya había sido desmontada (Di Pace y otros, 1992).
Con criterio conservador puede estimarse, tal cual se indicó anteriormente, que Argentina perdió más del 80% de sus bosques nativos. Esta cifra no incluye otros ambientes nativos de matorral y pastizal que también sufrieron un ritmo similar de destrucción.
Nuestra cultura antibosque, agravada por la irracional expansión de la soja transgénica y otros OGMs, destruyó un patrimonio único e irreemplazable en tiempos humanos de suelos sostenibles, de biodiversidad, de cuencas hídricas y de ecosistemas completos. Uno de los ambientes más característicos de la Provincia Biogeográfica del Espinal, el Distrito del Algarrobo, ya está prácticamente extinguido. Solo quedan islas dispersas que pierden rápidamente especies y estabilidad.
En cuanto a las selvas subtropicales de las Yungas y Paranaense su estado es desesperante. Es cierto que el sistema de áreas naturales protegidas conserva segmentos de bosque y otros ambientes nativos, pero esta estrategia no garantiza la estabilidad ambiental de un país. Solo son muestras parciales, no unidades con superficies, volúmenes y biodiversidades suficientes para balancear las superficies dedicadas a producción (cadenas alimenticias cortas), a expansión urbana y a pavimentación. Tres razones explican esta insuficiencia.
En primer lugar porque todos los ecosistemas, pero por sobre todo los de mayor extensión, como la provincia Biogeográfica Chaqueña, contienen numerosos arreglos ecológicos singulares y hasta únicos que nunca fueron protegidos. Los bosques chaqueños de las sierras de Córdoba y San Luis por ejemplo difieren del bosque chaqueño de llanura que se extiende al sur de Santiago del Estero, y éste, a su vez, de los bosques chaqueños de Copo y del Chaco subhúmedo del litoral del Paraná. la región chaqueña nunca fue un ecosistema homogéneo. En el siglo XVIII era un ambiente boscoso heteromorfo con pulsos que lo movían desde el estado de pastizal al de bosque, y del bosque al pastizal. Lamentablemente la mayoría de sus ecosistemas menores y singulares ya desaparecieron o están por desaparecer. El peor error fue creer que hay un único Chaco y que bastaba con conservar unos pocos miles de hectáreas encerradas en un parque.
De acuerdo al Principio de Relatividad Biológica (Montenegro, 1999) cada segmento de ambiente nativo tiene particularidades no halladas en las restantes unidades de la misma provincia Biogeográfica. La presunta homogeneidad resulta de utilizar criterios de evaluación muy generales que disimulan estas diferencias. Si un ecosistema nativo tenía 100.000 hectáreas de superficie y se desmonta la mitad, el remanente (50.000 hectáreas) no conserva la totalidad de los atributos ecológicos del 50% destruido. Dentro de las opciones ecosistémicas disponibles es apenas lo más semejante pues no existen "clones ecosistémicos". Este principio agrava las consecuencias de los desmontes masivos e irracionales que todavía continúan en Argentina ante la indiferencia e incapacidad de control de las distintas jurisdicciones.
En segundo lugar porque los ecosistemas naturales en general (aquellos con relaciones P/R ~ 1, donde "P" es producción y "R" respiración) y el bosque Chaqueño, las Yungas o la Provincia Biogeográfica Subantártica en particular, por ejemplo, sufren el "efecto isla". El Principio de Biogeografía de Islas desarrollado por Edward Wilson y Robert Mac Arthur permite anticipar que si un ecosistema muy extendido se reduce en superficie, las "islas" que van quedando pierden especies y biodiversidad. Cuanto más pequeña es el área remanente, y por lo tanto el número de especies y de individuos por especie, crece la posibilidad de colapso o desaparición del ecosistema. Solo superficies muy grandes -parecidas a las originales- aseguran una cierta supervivencia. Recordemos que un bosque no es solamente una colección de grandes árboles. Es un conjunto de miles de especies representantes de los grandes grupos de de organismos vivos que entrelazan el suelo, la atmósfera y las aguas, desde virus y organismos unicelulares hasta organismos extremadamente complejos como las plantas verdes y los cordados (Montenegro, 1999). En un bosque están representados por lo tanto los cuatro Dominios actualmente reconocidos de seres vivos: Virus, Archaea, Eubacteria y Eukarya.
En tercer lugar porque Argentina se encuentra entre los países que poseen menor porcentaje de superficie dedicada a áreas naturales protegidas, no solo en relación con países industrializados sino también del tercer mundo. El pobre 4,5% de nuestro país (1990) contrastaba con el 37,0% de Venezuela, el 27,5% de Costa rica y el 9,5% de Cuba. Según Di Pace el Gran Chaco figura entre las regiones más desprotegidas de Argentina, con menos de un 1% de su superficie original dedicada a parques y reservas (Di Pace y otros, 1992).
Pero los bosques nativos no sólo sucumben ante las topadoras, las cadenas y las motosierras. El fuego, el sobrepastoreo y la contaminación también reducen el patrimonio forestal. En Córdoba por ejemplo los efectos del fuego han sido devastadores (ver abajo).
A la luz de estas realidades particularmente duras, una hectárea desmontada en 2008 tiene un impacto relativo mucho mayor que una hectárea desmontada, por ejemplo, en 1914. La existencia de apenas un 20% o menos de la superficie boscosa original enfatiza este criterio. Lamentablemente los gobiernos provinciales con bosques remanentes siguen atribuyendo el mismo valor relativo a una hectárea de bosque nativo cualquiera sea la superficie total de bosque nativo que todavía sobrevive, e independientemente de la continuidad que muestren esas superficies remanentes. Como ya se indicó anteriormente, no es lo mismo una determinada superficie de bosque continuo que la misma superficie distribuida en "islas" sin contacto directo entre sí.
En la provincia del Chaco, dominada por la Provincia Biogeográfica Chaqueña, la superficie boscosa original, de unas 10.000.000 de hectáreas, se redujo a 3.800.000 hectáreas (2008). Lamentablemente tanto los emprendimientos privados como la desordenada transferencia de tierras fiscales a empresas agropecuarias nacionales y extranjeras podría llevar ese valor a menos del 10%.
Entre los casos recientes de desmonte a gran escala merecen citarse:
a) El abortado proyecto de Australian Argentine Agriculture (AAA), un emprendimiento gestado en Gran Bretaña que pretendía talar 50.000 hectáreas de bosques chaqueños con poblaciones importantes de quebracho colorado en el noroeste de Santiago del Estero. Sus productos (maderas duras, parquet, carbón de madera dura) iban a ser exportados a Europa con un sello de "producto verde" (1994). Las acciones públicas de FUNAM y del diario "El Liberal" de Santiago del Estero lograron abortar este proyecto.
b) El proyecto Caburé Norte en Santiago del estero, cuya versión original promovía el traspaso al sector privado de 200.000 hectáreas fiscales del bosque chaqueño seco. Lo grave es que al momento de generarse este proyecto solo quedaban en esa provincia unas 700.000 hectáreas de bosque nativo (mediados de la década de 1990). Aunque la versión original del proyecto se descartó, la política de cesión de tierras fiscales continuó. Esto explica el notable avance de las plantaciones de soja en tierras otrora cubiertas por bosque chaqueño.
c) El proyecto Liag de Laguna Yema en Formosa. En este caso el gobierno de Formosa vendió a precio vil (8,46 pesos la hectárea) unas 40.000 hectáreas de bosques fiscales a la empresa Liag. Aunque el proyecto original contemplaba el desmonte de toda esa superficie para luego cultivar algodón bajo riego, la fuerte presión de FUNAM y de otras ONGs de Formosa, de grupos indígenas y de la iglesia lograron bloquear durante dos años el proyecto. Finalmente la iniciativa se aprobó tras la presentación extemporánea de una Evaluación de Impacto Ambiental técnicamente pobre que realizó Jorge Adámoli y su equipo de trabajo, quienes consideraron viable el proyecto Liag.
En el predio del proyecto se desmontó (como mínimo) la mitad de las 40.000 hectáreas. Cabe recalcar que los bosques destruidos estaban adaptados a la "isla de calor de Prohaska" definida por la isoterma de los 47 grados centígrados, donde los índices humogénicos son muy bajos y los valores hemolíticos, en cambio, muy altos. Su biodiversidad (ver arriba) era única e irreemplazable.
d) La lista continúa con proyectos muy controvertidos y que tuvieron distintos desenlaces, como el promovido por la empresa Seabord Corporation de Estados Unidos en las Yungas de Salta (3.000 hectáreas, ecosistema de selva Subtropical Occidental); el de Trillium Bayside en Tierra del Fuego (85.000 hectáreas de bosques fríos de lenga, Provincia Biogeogeográfica Subantártica), y decenas de otros grandes proyectos de desmonte en Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.
En muchos de estos casos los desmontes afectaron en forma irreversible los territorios ancestrales de numerosas comunidades indígenas, y se expulsaron a campesinos que durante generaciones habían coexistido con bosques nativos.
Un caso paradigmático se registró a fines de 2004 en la provincia del Chaco, donde el gobierno, en forma autoritaria e inconstitucional, había promulgado la ley 5285/2003 para facilitar los desmontes y la expansión de los cultivos de soja transgénica. En un fallo judicial inédito la Jueza en lo Civil Comercial de la Justicia Chaqueña, Iride Isabel M. Grillo, hizo lugar a la acción interpuesta por comunidades indígenas que dependen del bosque chaqueño. La presentación caratulada “Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, Asociación Comunitaria de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria de Nueva Población contra la provincia del Chaco. Acción de Amparo Colectivo e Intereses Difusos" (Expediente n° 1754/03) fue realizada con la asistencia jurídica de Endepa y el patrocinio letrado de Julio César García.
La jueza hizo lugar a lo solicitado y declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 5285/2003 y sus decretos reglamentarios. Le hizo conocer además al gobierno de la provincia del Chaco que cualquier normativa que dictara en su reemplazo "debía ajustarse a las prescripciones constitucionales sobre participación de los pueblos indígenas afectados, y de los distintos sectores y agentes sociales".
3. LA DRAMÁTICA SITUACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La provincia de Córdoba tiene una superficie de aproximadamente 16.600.000 hectáreas. Originalmente confluían en su territorio tres ecosistemas principales cuya superficie disminuyó dramáticamente en los últimos 200 años:
a) La Provincia Biogeográfica Chaqueña que ocupa la zona norte de la provincia y el Macizo Antiguo (sierras). Este ecosistema muestra dos formaciones características, la de bosque seco de llanura al norte y noroeste (Chaco occidental, Chaco oriental), y la de bosque de sierras al oeste. El bosque seco de llanura también incluye otras formaciones como pastizales, cardonales, vegetación halófila (dominante en Salinas Grandes) y vegetación de bañados (cuenca de derrame del río Dulce, laguna de Mar Chiquita). En cuanto a la zona serrana tiene tres pisos bien definidos de vegetación: (i) El bosque seco de piedemonte, dominado por el “coco” (Fagara coco) y el “molle” (Lithraea ternifolia), entre los 500 y 1.350 metros de altura; (ii) el matorral serrano dominado por “romerillo” (Heterothalamus alienus, Baccharis flabellata) y “romerito” (Eupatorium buniifolium) o bien por la “carqueja” (Baccharis articulata entre Atos Pampa y Yacanto por ejemplo), entre los 1.300 y los 1.700 metros de altura, y por último (iii) los pastizales y bosquecillos de altura desde los 1.700 metros. Estos últimos incluyen especies andino-patagónicas como el “tabaquillo” (Polylepis australis), “orcomolle” (Maytenus boaria) y otras formas de porte reducido como Escallonia cordobensis y Berberis ruscifolia. Este piso de altura se divide a su vez en dos ambientes: uno inferior hasta los 1.900 metros que entra en contacto con el “romerillal” y el “bosque serrano”, con características de estepa serrana, dominado por pajonales de Stipa y Festuca, y otro superior, verdaderos prados pseudoandinos donde las gramíneas y latifoliadas alternan con afloraciones rocosas. El bosque serrano también incluye formaciones de palmeras entre los 700 y 1.100 metros de altura (Trithrinax campestris) y vegetación halófila (Pampa de Pocho). Los particulares arreglos y variaciones de la vegetación permiten identificar “combinaciones” particulares en los principales cordones montañosos de Córdoba: (i) Sierras Grandes y Cumbres de Gaspar, (ii) Sierras de Pocho, Guasapampa y Serrezuela, (iii) Sierras Chicas y (iv) Sierras del Norte. Pampa de Achala, en las Sierras Grandes, es una verdadera “isla de altura” donde la aislación y las particulares condiciones topográficas favorecieron el desarrollo de por lo menos 20 especies endémicas de la fauna, entre ellas el “lagarto de Achala” (Pristidactylus achalensis).
b) La Provincia Biogeográfica del Espinal que ocupa el centro-este, centro y sudoeste de la provincia de Córdoba. Es en realidad un chaco empobrecido. Forma parte del “Distrito del Algarrobo” donde domina el algarrobo negro (Prosopis nigra) y el algarrobo blanco (Prosopis alba) aunque sin alcanzar, como sistema, la altura y densidad arbórea del Chaco de llanura. En los extremos de esta franja que ya casi no existe debido a la expansión de las fronteras agropecuarias y urbanas, aparecen elementos de los distritos vecinos: “ñandubay” en el noreste (Prosopis algarrobilla) y “caldén” en el sudoeste (Prosopis caldenia). Este último ha sido practicamente exterminado. Se trata en realidad -o se trataba- de un ancho ambiente de contacto entre el chaco y la estepa pampeana. Actualmente debería considerárselo como “ecosistema desaparecido” ya que solo quedan relictos insignificantes en el centro y sur, y formaciones cada vez más amenazadas al norte. Su límite septentrional se situaba en los 31º de Latitud Sur con una pequeña cuña oriental al este de la laguna de Mar Chiquita que llegaba hasta los 30º de Latitud. En esta cuña los algarrobos alternaban con el “ñandubay”.
c) La Provincia Biogeográfica de la Estepa Pampeana que ocupa el centro-este y sudeste de la provincia de Córdoba. Son extensas planicies donde la monotonía es rota por pequeñas ondulaciones, por los cauces de los ríos Ctalamochita, Carcarañá y Chocancharagua, y por el río Popopis (o Cuarto), donde se formaban la laguna y bañados de La Amarga (hoy practicamente desaparecidos). Estuvo dominada por los pastizales, que conformaban -mínimamente- tres unidades de vegetación: el Distrito Occidental seco, el Distrito Oriental húmedo y el Distrito de las “dunas”. Hoy la Provincia Biogeográfica de la Estepa Pampeana ya no existe como unidad. Es un ecosistema prácticamente desaparecido. Solo sobreviven relictos de pastizal nativo, y los remanentes de la vegetación de bañados y lagunas (Luti y otros, 1979).
Con anterioridad a la ocupación española, Córdoba estuvo dominada por los bosques secos del Chaco y del Espinal, y a menor escala, también por los pastizales pampeanos. Pero durante los últimos 150 años la destrucción y retroceso de los ambientes nativos ha sido alarmante. En algo más del 80% de su territorio hoy solo queda, de la antigua organización ecológica, el suelo (ver SEGYP-CFA, 1995) y remanentes de la vegetación autóctona (relictos).
Córdoba es la provincia que tiene la más alta tasa de destrucción de bosques nativos de Argentina, -2,93% anual para el período 1998-2002, superior incluso a las tasas de la provincia de Santiago del Estero (-1,18% anual para 1998-2002), de Salta (-0,69% anual para 1998-2002), de Tucumán (-0,68 para 1998-2002), de Chaco (-0,57% anual para 1998-2002) y de Jujuy (-0,16% anual para 1998-2002) (Bono y otros, 2004).
Esta tasa supera además la tasa mundial, que es de -0,23% anual para el período 1990-2000, y la de África, que fue de -0,78% anual para 1999-2000. Estos datos pertenecen al estudio publicado por la Dirección de Bosques de la Nación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en diciembre de 2004 (Bono y otros, 2004). En 1998-2002 se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día, una cifra inadmisible.
En el mes de julio de 1998 la Dirección de Recursos Naturales de la provincia (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables) difundió los resultados del monitoreo de masas forestales nativas que se realizó, mediante imágenes satelitales y apoyatura de campo, en los Departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Totoral, Río Primero, Punilla, Ischilín y Cruz del Eje. Sobre una superficie relevada total de 1.500.000 Ha sólo quedaban 146.000 Ha de bosque nativo.
En la tabla siguiente se indican las superficies desmontadas en Córdoba por departamentos.
Córdoba, Deforestación por Departamentos
1998-2002
La ley nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26331/2008 y su decreto Reglamentario 91/2009 son normas discretas con numerosos vacíos y contradicciones. El desborde de entusiasmo que provocó la reciente aprobación de la ley no tiene relación con las limitaciones de su contenido. Dos de sus aportes más trascendentes son la ratificación de los derechos de las comunidades indígenas (previstos en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), y el reconocimiento de los derechos que tienen los tenedores ancestrales. El artículo 2° del reglamento establece que "la situación jurídica de los pequeños productores será asimilable, a los efectos de la ley y el presente reglamento, a la de las Comunidades Indígenas".
El proyecto de ley fue presentado originalmente por Miguel Bonasso en la Cámara de Diputados de la Nación mediante Expediente n° 2843-D-2006, y designado como Trámite Parlamentario n° 60 (30 de mayo de 2006). El proyecto original tenía 21 artículos y la ley aprobada, en cambio, 44 artículos.
Un elemento altamente positivo fue la presión pública para acelerar la aprobación de la ley. Esto se logró gracias a la campaña "Votá por la ley de bosques" que organizaron conjuntamente Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Proteger y Taller Ecologista de Rosario. Coordinada por Greenpeace logró recolectar 1.438.092 votos.
Debe aclararse que la ley nacional n° 26331 busca proteger los bosques pero también institucionaliza los desmontes. El artículo 9 del reglamento lo ratifica "Se entiende que la transformación [de los bosques], sea esta parcial o total, es la actividad de desmonte definida por el artículo 4 de la ley".
En cuanto a la actualización del inventario nacional de bosques nativos, específicamente tratado en el artículo 11 del reglamento, establece que puede demorarse hasta 5 años. El artículo parece ignorar la existencia de satélites y otros sensores remotos.
En cuanto al artículo 15 habilita el uso del fuego para eliminar "residuos vegetales" como si el país fuera homogéneo y resistente al fuego, lo que es técnicamente incorrecto.
La ley, por otra parte, no asume explícitamente la complejidad biótica y abiótica de los ambientes de bosque, ni su estrecha relación con ambientes terrestres no boscosos y ambientes acuáticos (cuencas hídricas).
Otra curiosidad de la ley es que ningún artículo aborda la amenaza que representa para los ecosistemas de bosque el uso masivo de plaguicidas en áreas vecinas o dentro de los mismos bosques. Actualmente la deriva de las pulverizaciones agrícolas contamina con herbicidas, insecticidas y otros biocidas los bosques nativos calificados como Categoría I y II por la ley (aquellos que no pueden desmontarse). Llama la atención que buena parte de lo descrito en el Anexo de la ley, dedicado a definir criterios de sustentabilidad, no figuran ni en la ley ni en su reglamento. Temas clave como el manejo concertado de ecosistemas de bosque que ocupan dos provincias o más ni siquiera está abordado. Esta discordancia tiene numerosos efectos prácticos negativos.
Pero la puerta más peligrosa de la ley está en el artículo 33. Cada provincia hace su propio Ordenamiento de Bosques Nativos (lo que es correcto) pero incluyendo las superficies que podrán ser desmontadas (Categoría III). El problema es que los gobiernos no suelen crear mecanismos de participación genuinos para lograr esos ordenamientos, o hacen consultas y luego ignoran sus recomendaciones. Pueden utilizar entonces el artículo 33 para blanquear aquellas zonas que antes de la ley eran candidatas al desmonte. Salta ya lo hizo mediante ley n° 7543. Habilita zonas para desmonte que antes de la ley nacional no podrían haber sido tocadas. Por esta causa la Universidad Nacional de Salta inició acciones contra el gobierno de la provincia.
Este informe es una contribución de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y de la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) al proceso de ordenamiento de bosques nativos de a provincia de Córdoba. Representa además la posición que sostiene el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), Delegación Córdoba. Tanto FUNAM como INADI son miembros de la COTBN.
FUNAM deja asentado, sin embargo, que abordar el ordenamiento de los bosques nativos sin considerar simultáneamente el ordenamiento de todos los usos del suelo es un grave error de gestión.
1. AMBIENTES NATURALES EXISTENTES EN ARGENTINA Y FUNCIONES DE LOS BOSQUES NATIVOS
La biosfera es un sistema superficial relativamente continuo donde interactúan los seres vivos, desde bacterias hasta animales y árboles de gran tamaño. Aunque existen situaciones intermedias, las dos grandes matrices donde se desarrolla la vida son la hídrica-atmosférica y la sólida-atmosférica. Para facilitar su descripción y estudio Tansley desarrolló la noción de ecosistema en 1935. Los ecosistemas son por lo tanto unidades arbitrarias definidas por formas dominantes. Como las plantas verdes tienen menor movilidad que otros organismos y conforman una suerte de "esqueleto" ambiental, suelen ser las preferidas para identificar unidades. Entre las categorías de ecosistemas terrestres más utilizadas se encuentra el sistema adoptado por Cabrera & Willink para América del Sur (1980). En su esquema existen unidades mayores que sucesivamente engloban unidades menores: Regiones, Dominios, Provincias Biogeográficas y Distritos.
Conforme a Cabrera & Willink existen en Argentina 11 Provincias Biogeográficas distribuidas de la siguiente forma: las Yungas (o Selva Subtropical Occidental) y la Paranaense (Selva Subtropical Oriental) que pertenecen al Dominio Amazónico; las Provincias Biogeográficas Chaqueña, del Espinal, de la Prepuna, del Monte y de la Estepa Pampeana que pertenecen al Dominio Chaqueño; las Provincias Biogeográficas Patagónica, Altoandina y de la Puna pertenecen al Dominio Andino-Patagónico, y las Provincias Biogeográficas Subantártica e Insular al Dominio Subantártico (Cabrera & Willink, 1980). En estos ambientes la fisonomía varía de ecosistemas con bioformas superficiales de escasa altura y complejidad, a ecosistemas con formaciones boscosas de hasta >40 metros de altura y gran complejidad. Estas últimas son objeto del presente informe.
Los bosques nativos son fundamentales para la protección de las cuencas hídricas de captación, para atenuar el impacto de las gotas de lluvia y la nieve, para reducir los efectos de la escorrentía, para disminuir la erosión hídrica y eólica, para generar y regenerar suelo, para aumentar la infiltración y la alimentación de acuíferos, para conservar la humedad relativa de los suelos y de la atmósfera superficial, para regularizar el flujo hídrico durante los distintos meses del año, para conservar altos valores de biodiversidad, y para aumentar la resistencia ambiental al cambio climático y otros disturbios. Contribuyen además a la estabilidad meteorológica y climática, y a mantener recursos paisajísticos y ambientales de interés turístico. Todas estas funciones están intrínsecamente unidas a la supervivencia del ser humano y por extensión a la supervivencia misma de los ecosistemas.
2. LA DESTRUCCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS EN ARGENTINA
Lamentablemente los bosques nativos sucumben ante las topadoras y la irracional expansión de los cultivos de soja y otras plantas transgénicas, favorecidas por gobiernos provinciales y un gobierno nacional absolutamente incompetentes. Mientras la estadística sobre desmontes que genera la Secretaría de Ambiente de la Nación se actualiza con cierta regularidad (2008), los desmontes continúan.
Argentina ya perdió más del 80% de sus bosques nativos, y el proceso continúa. En 1914 los bosques nativos cubrían estimativamente 106 millones de hectáreas (Di Pace y otros, 1992). Hacia 1926 el Anuario de la República argentina reducía ese patrimonio de "bosques y montes" a 74.740.000 hectáreas (Montenegro, 1987). Si estas cifras son exactas, en ese período se perdió un total de 31.260.000 hectáreas. Hacia 1995 la CEPAL, en su "Desarrollo económico de Argentina", estimaba que los bosques ocupaban una superficie de 60.300.000 hectáreas. La nueva pérdida fue de 11.440.000 hectáreas en 29 años. Posteriormente Luis Foulón y Domingo Cozzo calcularon en un trabajo para el Consejo Federal de Inversiones que la Argentina tenía, en 1963, un total de 58.740.000 hectáreas. En estos 8 años (1955-1963) se habrían destruido por lo tanto otras 1.560.000 hectáreas. En 1984 el entonces IFONA estimó que nuestro país solo conservaba 36.000.000 de hectáreas. La destrucción sumó así hasta ese año 22.740.000 hectáreas de bosque nativo (1963-1984) (Montenegro, 1987).
Estas cifras son aterradoras. Entre 1914 y 1986 se destruyó el 66% de toda la superficie boscosa autóctona de Argentina, es decir unos 70.0000.000 de hectáreas. El exterminio se concretó a un promedio de 972.222 hectáreas por año (3). Di pace estimaba en 1992 que el 80% de la tierra plana con potencial agrícola de los bosques del Espinal, Yungas y Chaco ya había sido desmontada (Di Pace y otros, 1992).
Con criterio conservador puede estimarse, tal cual se indicó anteriormente, que Argentina perdió más del 80% de sus bosques nativos. Esta cifra no incluye otros ambientes nativos de matorral y pastizal que también sufrieron un ritmo similar de destrucción.
Nuestra cultura antibosque, agravada por la irracional expansión de la soja transgénica y otros OGMs, destruyó un patrimonio único e irreemplazable en tiempos humanos de suelos sostenibles, de biodiversidad, de cuencas hídricas y de ecosistemas completos. Uno de los ambientes más característicos de la Provincia Biogeográfica del Espinal, el Distrito del Algarrobo, ya está prácticamente extinguido. Solo quedan islas dispersas que pierden rápidamente especies y estabilidad.
En cuanto a las selvas subtropicales de las Yungas y Paranaense su estado es desesperante. Es cierto que el sistema de áreas naturales protegidas conserva segmentos de bosque y otros ambientes nativos, pero esta estrategia no garantiza la estabilidad ambiental de un país. Solo son muestras parciales, no unidades con superficies, volúmenes y biodiversidades suficientes para balancear las superficies dedicadas a producción (cadenas alimenticias cortas), a expansión urbana y a pavimentación. Tres razones explican esta insuficiencia.
En primer lugar porque todos los ecosistemas, pero por sobre todo los de mayor extensión, como la provincia Biogeográfica Chaqueña, contienen numerosos arreglos ecológicos singulares y hasta únicos que nunca fueron protegidos. Los bosques chaqueños de las sierras de Córdoba y San Luis por ejemplo difieren del bosque chaqueño de llanura que se extiende al sur de Santiago del Estero, y éste, a su vez, de los bosques chaqueños de Copo y del Chaco subhúmedo del litoral del Paraná. la región chaqueña nunca fue un ecosistema homogéneo. En el siglo XVIII era un ambiente boscoso heteromorfo con pulsos que lo movían desde el estado de pastizal al de bosque, y del bosque al pastizal. Lamentablemente la mayoría de sus ecosistemas menores y singulares ya desaparecieron o están por desaparecer. El peor error fue creer que hay un único Chaco y que bastaba con conservar unos pocos miles de hectáreas encerradas en un parque.
De acuerdo al Principio de Relatividad Biológica (Montenegro, 1999) cada segmento de ambiente nativo tiene particularidades no halladas en las restantes unidades de la misma provincia Biogeográfica. La presunta homogeneidad resulta de utilizar criterios de evaluación muy generales que disimulan estas diferencias. Si un ecosistema nativo tenía 100.000 hectáreas de superficie y se desmonta la mitad, el remanente (50.000 hectáreas) no conserva la totalidad de los atributos ecológicos del 50% destruido. Dentro de las opciones ecosistémicas disponibles es apenas lo más semejante pues no existen "clones ecosistémicos". Este principio agrava las consecuencias de los desmontes masivos e irracionales que todavía continúan en Argentina ante la indiferencia e incapacidad de control de las distintas jurisdicciones.
En segundo lugar porque los ecosistemas naturales en general (aquellos con relaciones P/R ~ 1, donde "P" es producción y "R" respiración) y el bosque Chaqueño, las Yungas o la Provincia Biogeográfica Subantártica en particular, por ejemplo, sufren el "efecto isla". El Principio de Biogeografía de Islas desarrollado por Edward Wilson y Robert Mac Arthur permite anticipar que si un ecosistema muy extendido se reduce en superficie, las "islas" que van quedando pierden especies y biodiversidad. Cuanto más pequeña es el área remanente, y por lo tanto el número de especies y de individuos por especie, crece la posibilidad de colapso o desaparición del ecosistema. Solo superficies muy grandes -parecidas a las originales- aseguran una cierta supervivencia. Recordemos que un bosque no es solamente una colección de grandes árboles. Es un conjunto de miles de especies representantes de los grandes grupos de de organismos vivos que entrelazan el suelo, la atmósfera y las aguas, desde virus y organismos unicelulares hasta organismos extremadamente complejos como las plantas verdes y los cordados (Montenegro, 1999). En un bosque están representados por lo tanto los cuatro Dominios actualmente reconocidos de seres vivos: Virus, Archaea, Eubacteria y Eukarya.
En tercer lugar porque Argentina se encuentra entre los países que poseen menor porcentaje de superficie dedicada a áreas naturales protegidas, no solo en relación con países industrializados sino también del tercer mundo. El pobre 4,5% de nuestro país (1990) contrastaba con el 37,0% de Venezuela, el 27,5% de Costa rica y el 9,5% de Cuba. Según Di Pace el Gran Chaco figura entre las regiones más desprotegidas de Argentina, con menos de un 1% de su superficie original dedicada a parques y reservas (Di Pace y otros, 1992).
Pero los bosques nativos no sólo sucumben ante las topadoras, las cadenas y las motosierras. El fuego, el sobrepastoreo y la contaminación también reducen el patrimonio forestal. En Córdoba por ejemplo los efectos del fuego han sido devastadores (ver abajo).
A la luz de estas realidades particularmente duras, una hectárea desmontada en 2008 tiene un impacto relativo mucho mayor que una hectárea desmontada, por ejemplo, en 1914. La existencia de apenas un 20% o menos de la superficie boscosa original enfatiza este criterio. Lamentablemente los gobiernos provinciales con bosques remanentes siguen atribuyendo el mismo valor relativo a una hectárea de bosque nativo cualquiera sea la superficie total de bosque nativo que todavía sobrevive, e independientemente de la continuidad que muestren esas superficies remanentes. Como ya se indicó anteriormente, no es lo mismo una determinada superficie de bosque continuo que la misma superficie distribuida en "islas" sin contacto directo entre sí.
En la provincia del Chaco, dominada por la Provincia Biogeográfica Chaqueña, la superficie boscosa original, de unas 10.000.000 de hectáreas, se redujo a 3.800.000 hectáreas (2008). Lamentablemente tanto los emprendimientos privados como la desordenada transferencia de tierras fiscales a empresas agropecuarias nacionales y extranjeras podría llevar ese valor a menos del 10%.
Entre los casos recientes de desmonte a gran escala merecen citarse:
a) El abortado proyecto de Australian Argentine Agriculture (AAA), un emprendimiento gestado en Gran Bretaña que pretendía talar 50.000 hectáreas de bosques chaqueños con poblaciones importantes de quebracho colorado en el noroeste de Santiago del Estero. Sus productos (maderas duras, parquet, carbón de madera dura) iban a ser exportados a Europa con un sello de "producto verde" (1994). Las acciones públicas de FUNAM y del diario "El Liberal" de Santiago del Estero lograron abortar este proyecto.
b) El proyecto Caburé Norte en Santiago del estero, cuya versión original promovía el traspaso al sector privado de 200.000 hectáreas fiscales del bosque chaqueño seco. Lo grave es que al momento de generarse este proyecto solo quedaban en esa provincia unas 700.000 hectáreas de bosque nativo (mediados de la década de 1990). Aunque la versión original del proyecto se descartó, la política de cesión de tierras fiscales continuó. Esto explica el notable avance de las plantaciones de soja en tierras otrora cubiertas por bosque chaqueño.
c) El proyecto Liag de Laguna Yema en Formosa. En este caso el gobierno de Formosa vendió a precio vil (8,46 pesos la hectárea) unas 40.000 hectáreas de bosques fiscales a la empresa Liag. Aunque el proyecto original contemplaba el desmonte de toda esa superficie para luego cultivar algodón bajo riego, la fuerte presión de FUNAM y de otras ONGs de Formosa, de grupos indígenas y de la iglesia lograron bloquear durante dos años el proyecto. Finalmente la iniciativa se aprobó tras la presentación extemporánea de una Evaluación de Impacto Ambiental técnicamente pobre que realizó Jorge Adámoli y su equipo de trabajo, quienes consideraron viable el proyecto Liag.
En el predio del proyecto se desmontó (como mínimo) la mitad de las 40.000 hectáreas. Cabe recalcar que los bosques destruidos estaban adaptados a la "isla de calor de Prohaska" definida por la isoterma de los 47 grados centígrados, donde los índices humogénicos son muy bajos y los valores hemolíticos, en cambio, muy altos. Su biodiversidad (ver arriba) era única e irreemplazable.
d) La lista continúa con proyectos muy controvertidos y que tuvieron distintos desenlaces, como el promovido por la empresa Seabord Corporation de Estados Unidos en las Yungas de Salta (3.000 hectáreas, ecosistema de selva Subtropical Occidental); el de Trillium Bayside en Tierra del Fuego (85.000 hectáreas de bosques fríos de lenga, Provincia Biogeogeográfica Subantártica), y decenas de otros grandes proyectos de desmonte en Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.
En muchos de estos casos los desmontes afectaron en forma irreversible los territorios ancestrales de numerosas comunidades indígenas, y se expulsaron a campesinos que durante generaciones habían coexistido con bosques nativos.
Un caso paradigmático se registró a fines de 2004 en la provincia del Chaco, donde el gobierno, en forma autoritaria e inconstitucional, había promulgado la ley 5285/2003 para facilitar los desmontes y la expansión de los cultivos de soja transgénica. En un fallo judicial inédito la Jueza en lo Civil Comercial de la Justicia Chaqueña, Iride Isabel M. Grillo, hizo lugar a la acción interpuesta por comunidades indígenas que dependen del bosque chaqueño. La presentación caratulada “Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, Asociación Comunitaria de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria de Nueva Población contra la provincia del Chaco. Acción de Amparo Colectivo e Intereses Difusos" (Expediente n° 1754/03) fue realizada con la asistencia jurídica de Endepa y el patrocinio letrado de Julio César García.
La jueza hizo lugar a lo solicitado y declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 5285/2003 y sus decretos reglamentarios. Le hizo conocer además al gobierno de la provincia del Chaco que cualquier normativa que dictara en su reemplazo "debía ajustarse a las prescripciones constitucionales sobre participación de los pueblos indígenas afectados, y de los distintos sectores y agentes sociales".
3. LA DRAMÁTICA SITUACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La provincia de Córdoba tiene una superficie de aproximadamente 16.600.000 hectáreas. Originalmente confluían en su territorio tres ecosistemas principales cuya superficie disminuyó dramáticamente en los últimos 200 años:
a) La Provincia Biogeográfica Chaqueña que ocupa la zona norte de la provincia y el Macizo Antiguo (sierras). Este ecosistema muestra dos formaciones características, la de bosque seco de llanura al norte y noroeste (Chaco occidental, Chaco oriental), y la de bosque de sierras al oeste. El bosque seco de llanura también incluye otras formaciones como pastizales, cardonales, vegetación halófila (dominante en Salinas Grandes) y vegetación de bañados (cuenca de derrame del río Dulce, laguna de Mar Chiquita). En cuanto a la zona serrana tiene tres pisos bien definidos de vegetación: (i) El bosque seco de piedemonte, dominado por el “coco” (Fagara coco) y el “molle” (Lithraea ternifolia), entre los 500 y 1.350 metros de altura; (ii) el matorral serrano dominado por “romerillo” (Heterothalamus alienus, Baccharis flabellata) y “romerito” (Eupatorium buniifolium) o bien por la “carqueja” (Baccharis articulata entre Atos Pampa y Yacanto por ejemplo), entre los 1.300 y los 1.700 metros de altura, y por último (iii) los pastizales y bosquecillos de altura desde los 1.700 metros. Estos últimos incluyen especies andino-patagónicas como el “tabaquillo” (Polylepis australis), “orcomolle” (Maytenus boaria) y otras formas de porte reducido como Escallonia cordobensis y Berberis ruscifolia. Este piso de altura se divide a su vez en dos ambientes: uno inferior hasta los 1.900 metros que entra en contacto con el “romerillal” y el “bosque serrano”, con características de estepa serrana, dominado por pajonales de Stipa y Festuca, y otro superior, verdaderos prados pseudoandinos donde las gramíneas y latifoliadas alternan con afloraciones rocosas. El bosque serrano también incluye formaciones de palmeras entre los 700 y 1.100 metros de altura (Trithrinax campestris) y vegetación halófila (Pampa de Pocho). Los particulares arreglos y variaciones de la vegetación permiten identificar “combinaciones” particulares en los principales cordones montañosos de Córdoba: (i) Sierras Grandes y Cumbres de Gaspar, (ii) Sierras de Pocho, Guasapampa y Serrezuela, (iii) Sierras Chicas y (iv) Sierras del Norte. Pampa de Achala, en las Sierras Grandes, es una verdadera “isla de altura” donde la aislación y las particulares condiciones topográficas favorecieron el desarrollo de por lo menos 20 especies endémicas de la fauna, entre ellas el “lagarto de Achala” (Pristidactylus achalensis).
b) La Provincia Biogeográfica del Espinal que ocupa el centro-este, centro y sudoeste de la provincia de Córdoba. Es en realidad un chaco empobrecido. Forma parte del “Distrito del Algarrobo” donde domina el algarrobo negro (Prosopis nigra) y el algarrobo blanco (Prosopis alba) aunque sin alcanzar, como sistema, la altura y densidad arbórea del Chaco de llanura. En los extremos de esta franja que ya casi no existe debido a la expansión de las fronteras agropecuarias y urbanas, aparecen elementos de los distritos vecinos: “ñandubay” en el noreste (Prosopis algarrobilla) y “caldén” en el sudoeste (Prosopis caldenia). Este último ha sido practicamente exterminado. Se trata en realidad -o se trataba- de un ancho ambiente de contacto entre el chaco y la estepa pampeana. Actualmente debería considerárselo como “ecosistema desaparecido” ya que solo quedan relictos insignificantes en el centro y sur, y formaciones cada vez más amenazadas al norte. Su límite septentrional se situaba en los 31º de Latitud Sur con una pequeña cuña oriental al este de la laguna de Mar Chiquita que llegaba hasta los 30º de Latitud. En esta cuña los algarrobos alternaban con el “ñandubay”.
c) La Provincia Biogeográfica de la Estepa Pampeana que ocupa el centro-este y sudeste de la provincia de Córdoba. Son extensas planicies donde la monotonía es rota por pequeñas ondulaciones, por los cauces de los ríos Ctalamochita, Carcarañá y Chocancharagua, y por el río Popopis (o Cuarto), donde se formaban la laguna y bañados de La Amarga (hoy practicamente desaparecidos). Estuvo dominada por los pastizales, que conformaban -mínimamente- tres unidades de vegetación: el Distrito Occidental seco, el Distrito Oriental húmedo y el Distrito de las “dunas”. Hoy la Provincia Biogeográfica de la Estepa Pampeana ya no existe como unidad. Es un ecosistema prácticamente desaparecido. Solo sobreviven relictos de pastizal nativo, y los remanentes de la vegetación de bañados y lagunas (Luti y otros, 1979).
Con anterioridad a la ocupación española, Córdoba estuvo dominada por los bosques secos del Chaco y del Espinal, y a menor escala, también por los pastizales pampeanos. Pero durante los últimos 150 años la destrucción y retroceso de los ambientes nativos ha sido alarmante. En algo más del 80% de su territorio hoy solo queda, de la antigua organización ecológica, el suelo (ver SEGYP-CFA, 1995) y remanentes de la vegetación autóctona (relictos).
Córdoba es la provincia que tiene la más alta tasa de destrucción de bosques nativos de Argentina, -2,93% anual para el período 1998-2002, superior incluso a las tasas de la provincia de Santiago del Estero (-1,18% anual para 1998-2002), de Salta (-0,69% anual para 1998-2002), de Tucumán (-0,68 para 1998-2002), de Chaco (-0,57% anual para 1998-2002) y de Jujuy (-0,16% anual para 1998-2002) (Bono y otros, 2004).
Esta tasa supera además la tasa mundial, que es de -0,23% anual para el período 1990-2000, y la de África, que fue de -0,78% anual para 1999-2000. Estos datos pertenecen al estudio publicado por la Dirección de Bosques de la Nación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en diciembre de 2004 (Bono y otros, 2004). En 1998-2002 se desmontó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día, una cifra inadmisible.
En el mes de julio de 1998 la Dirección de Recursos Naturales de la provincia (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables) difundió los resultados del monitoreo de masas forestales nativas que se realizó, mediante imágenes satelitales y apoyatura de campo, en los Departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Totoral, Río Primero, Punilla, Ischilín y Cruz del Eje. Sobre una superficie relevada total de 1.500.000 Ha sólo quedaban 146.000 Ha de bosque nativo.
En la tabla siguiente se indican las superficies desmontadas en Córdoba por departamentos.
Córdoba, Deforestación por Departamentos
1998-2002
Departamentos/Superficie deforestada (Hectáreas)
Ischilín 30.059
Tulumba 23.329
Río Seco 19.877
Cruz del Eje 19.472
Río Primero 12.280
Sobremonte 6.175
Totoral 5.324
San Alberto 2.865
San Javier 2.720
Minas 394
Colón 174
Santa María 83
Calamuchita 46
TOTAL 122.798
Fuente: Bono y otros (2004).
De la superficie total de la provincia de Córdoba (>16.000.000 de hectáreas) el 62,5% estaba cubierto originalmente por bosques (10.000.000 de hectáreas). Al año 2002 solo quedaban 1.250.000 hectáreas de bosques, en su mayoría secundarios y con síntomas de degradación (7,81%). Solo 400.000 hectáreas de esta superficie remanente tenía bosques con características parecidas a las originales (Cabido & Zak, 1999).
Lamentablemente la tasa de desmonte en las sierras (-3,13% anual), es mayor que el desmonte en los bosques de llanura (-2,75% anual) (Zak, Cabido & Hodgson, 2004). En la zona serrana (con bosques chaqueños extendidos sobre la zona geomorfológica del "Macizo antiguo") solo queda el 2% de la superficie boscosa original. De los bosques chaqueños de llanura, en tanto, apenas sobrevivió el 8% de la superficie original pero esta superficie continúa disminuyendo.
Resulta irónico que tras décadas de incapacidad gubernamental para evitar los desmontes, el propio gobierno desarrollara y aprobara una ley que prohíbe los desmontes totales pero posibilita los desmontes parciales (Ley Provincial 9219/2005). Esta iniciativa fue impulsada por el entonces presidente de la Agencia Córdoba Ambiente, Sergio Nirich, quien acordó esta norma con las grandes corporaciones agropecuarias, con Cartez, Coninagro y las sociedades rurales de Jesús María, Deán Funes, Cruz del Eje y Villa Dolores, pero sin consultar a las universidades y a las organizaciones ambientalistas.
A fines de 2004 FUNAM trabajó, infructuosamente, para que se desactivara el proyecto de ley que habilitaba desmontes parciales. En uno de los comunicados de prensa distribuidos por la fundación se indicaba:
"FUNAM calificó la reciente decisión del gobierno de Córdoba [de aprobar la ley que prohibía los desmontes totales y habilitaba los parciales] como 'irracional, sin base técnica, y sometida a los intereses de las grandes corporaciones agropecuarias. Este es el golpe de gracia para los escasos bosques chaqueños intactos que todavía quedan en la provincia'. Recordó que en Córdoba 'había hasta hace un siglo dos ambientes naturales de bosque nativo, el Chaqueño y el Espinal. El sorgo primero y la soja después hicieron desaparecer la mayor parte del bosque del Espinal. Ahora le toca el turno a los últimos bosques chaqueños serranos y de llanura'. Tras criticar duramente a la Agencia Córdoba Ambiente indicó que sus funcionarios 'no se dan cuenta o no quieren hacerlo que los bosques nativos de la provincia son las únicas fábricas de suelo, de agua y de clima, y que sin ellos no hay estabilidad posible, ni tampoco turismo. La mayor parte de los ríos que proveen de agua a la provincia tienen sus nacientes en la zona serrana, donde el desmonte, los incendios y la edificación reducen en forma alarmante la superficie del bosque nativo'. Montenegro sostuvo que las sierras 'son verdaderas esponjas hechas a base de vegetación, suelo y masas graníticas muy resquebrajadas. Si se destruyen esas esponjas naturales entra en grave crisis la provisión de agua dulce. Sin vegetación nativa disminuye abruptamente la infiltración de agua de lluvia, sin infiltración no hay vertientes permanentes, y sin vertientes no hay ríos que tengan agua todo el año. Las sierras están dejando de ser las esponjas que todos necesitamos para transformarse en autopistas de agua perdida. Pese a ello la tasa de desmonte en las sierras, de -3,13% anual, es mayor que el desmonte en bosques de llanura (-2,75% anual). Resulta irónico que tras décadas de incapacidad gubernamental para evitar los desmontes sea el propio gobierno quien los aliente. Por acción y omisión están condenando a muerte las futuras generaciones de cordobeses" (FUNAM, 2004).
4. EL FUEGO COMO HERRAMIENTA DE DESMONTE
El fuego es un proceso oxidativo violento que daña y mata importantes segmentos de biodiversidad, afecta los suelos, favorece la erosión, contamina el aire, el suelo y las aguas y contribuye al cambio climático. En base a su origen podemos clasificarlos en tres grupos: a) Fuegos intencionales ilegales; b) Fuegos intencionales legales (quemas controladas, quemas prescritas); c) Fuegos accidentales de origen antrópico (directo, indirecto) y d) Fuegos accidentales no antrópicos (por “caída” de rayos por ejemplo).
La realidad ambiental del país, con más del 80% de la superficie original de sus bosques nativos ya totalmente destruida, aconseja erradicar los fuegos intencionales, tanto legales (grupo "b") como ilegales (grupo "a"), y desplegar activas campañas de concientización pública para que disminuya la incidencia de los accidentales (grupo c).
4.1. Fuegos legales e ilegales.
Sobre los fuegos intencionales e ilegales no hay controversia. Lamentablemente, algunos técnicos y organismos siguen promocionando las bondades de la quema legal y controlada. FUNAM considera que la quema no debe legalizarse por las siguientes razones:
En primer lugar, porque la mayor parte de los ecosistemas, sobre todo los Chaqueños y del Espinal, han estado soportando fuegos que superan ampliamente sus respectivas posibilidades de auto-recuperación.
En segundo lugar, porque tanto la superficie original de los ambientes nativos como su continuidad han disminuido dramáticamente en Argentina. Esta merma y “fragmentación”, que acelera la pérdida de biodiversidad, es notable en las Provincias Biogeográficas de las Yungas, Paranaense o Misionera, Chaqueña, del Espinal y de la Estepa Pampeana, y en los Bosques Subantárticos.
En tercer lugar, porque ignoran los sinergismos que existen entre el fuego y otros factores actuales de simplificación ecológica, como sobrepastoreo, tala selectiva, desmonte en masa y contaminación. La mayor parte de los ambientes nativos de Argentina sufre una depredación sin precedentes.
En cuarto lugar, porque para el suelo un fuego controlado no se diferencia de uno prescrito (ver “Efectos”).
En quinto lugar, porque el fuego y sus acciones asociadas actúan sobre sustancias químicas preexistentes en el suelo, como plaguicidas y restos sólidos de distinto tipo (metales, plásticos clorados etc.). La quema de vegetación y suelos sometidos al uso intensivo de herbicidas clorados (como los ácidos feoxiacéticos sustituídos tipo 2,4-D) genera dibenzodioxinas y otros materiales de alta toxicidad, teratógenos y cancerígenos, que se introducen y bioaconcentran en redes alimentarias tipo pasto-vaca-hombre y tipo ecosistema complejo.
En quinto lugar, porque la quema controlada ignora por completo el "Principio de Precaución". Dado que existen alternativas sustentables al uso del fuego, como el desmalezamiento mecánico o el control biológico de malezas, su utilización no se justifica.
En sexto lugar, porque la actual bibliografía aconseja mayoritariamente, para ecosistemas en disturbio donde la supuesta resistencia al fuego está debilitada o no opera, erradicar el uso del fuego. Las modalidades de uso prescripto promovidas desde la provincia de Santiago del Estero -que es una de las provincias más afectadas por la degradación de ecosistemas- resultan por lo menos peligrosas. La mayoría de los técnicos que apoya esta habilitación del fuego suele basarse, casi exclusivamente, en la supuesta adaptación de algunas de las especies de plantas verdes -no la totalidad- ignorando que el "sistema" también incluye micro y macrobiota no vegetal de notable fragilidad. Quemar ecosistemas bajo disturbio y presión, donde está operando la simplificación ecológica a ritmo exponencial, es un despropósito técnico.
En séptimo lugar, porque la legalización del fuego incide negativamente sobre la estructura y funcionamiento de las cuencas hídricas de captación, cada vez más cercadas por el desmonte y la simplificación ecológica.
En octavo lugar porque favorece los desmontes, dado que el fuego forma parte de las técnicas "preparatorias" que utilizan empresas desmontadoras. Después del fuego las máquinas completan la "erradicación" de bosques y matorrales autóctonos.
En noveno lugar porque no existen, desde la perspectiva de los ecosistemas actuales, simplificados y frágiles, “fuegos buenos” y “fuegos malos”. Frente a una formación ambiental muy incipiente de la sociedad, la institucionalización de los fuegos controlados solo aumenta el ruido y la desorientación.
En décimo lugar, porque no sólo ignora el acelerado proceso de cambio climático global, producto del exceso de dióxido de carbono y del sobreefecto invernadero, sinó que legaliza, abiertamente, la descarga de CO2 a la atmósfera. Al habilitar esta descarga de “gas de invernadero", las quemas controladas configurarían, dentro de ciertos límites, violaciones a la "Convención sobre Cambio Climático Global".
En onceavo lugar, porque la realidad de nuestros modelos de gestión ambiental delata una crónica falta de agentes de fiscalización. Una vez legalizadas las quemas y los incendios sería muy difícil controlar lo que sucede. Los cuerpos de Bomberos Voluntarios, por ejemplo, sobreviven con presupuestos de miseria y la red de alerta temprana de incendios sigue siendo un anhelo. En este contexto el control es impracticable.
4.2. El impacto ambiental y sanitario del fuego.
4.2.1. Una abundante bibliografía desaconseja enfáticamente el uso del fuego como agente eliminador de vegetación en general y de malezas en particular. Ana Primavesi, de la Universidad de Viena y la Universidad Federal de Santa Maria (Brasil), conjuntamente con otros autores, indica que el uso del fuego es perjudicial por cuanto:
a) Impide el retorno de materia orgánica al suelo; b) Expone el suelo a las lluvias y favorece por lo tanto la erosión; c) Promueve el endurecimiento y la compactación del suelo, circunstancia negativa para la agricultura; d) Crea condiciones de repelencia del agua, por cuya causa los suelos sometidos a fuego se vuelven más secos [hecho particularmente grave en Córdoba]. Al dificultar la penetración de agua en el suelo (infiltración), condición agravada por la ausencia de vegetación protectora, esta "repelencia" o impermeabilización acelera la escorrentía superficial en suelos con pendiente, aumenta la permanencia de agua en suelos con drenaje impedido y agudiza en general el efecto de las inundaciones; e) Destruye las comunidades de micoorganismos que participan en la fabricación del suelo; debe tenerse en cuenta que conforme a datos de D. Pimentel, en condiciones agrícolas tropicales y templadas se requiere un promedio de 500 años, con extremos de 220 y 1.100 años, para regenerar 25 milímetros de suelo, y f) Descarga enormes volúmenes de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual incrementa el "Efecto invernadero" y agrava los fenómenos de cambio climático global (Primavesi, 1984).
La descripción de los efectos negativos del fuego sobre el funcionamiento y conservación de los suelos puede hallarse en los trabajos de Bachelier, G. (1963); Cory, J.T. & R.J. Morris (1968); Debano, L.F. y otros (1970); Firsova, V.P. (1965); Margoli, E. (1977); Popenoe, H.L. (1957); Primavesi, A. (1965); Primavesi, A., F. Andrae & O. Gressler (1970); Primavesi, A. & J.A. Machado (1968) y Volsin, A. (1960), entre otros.
Autores como A. Primavesi (1965, 1968, 1984); A. Primavesi, F. Andrae & O. Gressler (1970) y A. Primavesi & J.A. Machado (1968) indican, claramente, que solamente las técnicas mecánicas y de manejo que excluyen el fuego garantizan la continuidad de la producción a largo plazo.
4.2.2. El fuego no debe disociarse de los desmontes desplanificados, desmedidos y mal hechos, legales, y del desmonte clandestino. Cabe señalar, a modo de ejemplo, que todos los desmontes autorizados por el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba entre 1991 y1995 fueron ilegales. Los funcionarios emitieron las autorizaciones sin hacer cumplir la Ley del Ambiente 7343/85 y su decreto de Impacto Ambiental 3290/90. Entre 1992 y 1994 se destruyeron en Córdoba, ilegalmente pero con autorización (sic), 50.000 hectáreas de bosques nativos.
4.2.3. Los incendios, cualquiera sea su origen, contribuyen a destruir las cabeceras de las cuencas hídricas. Los graves fuegos de corona y también los de superficie destruyen la vegetación y la fauna nativa e interrumpen por años e incluso siglos la capacidad regeneradora del suelo y de los ecosistemas.
Este cuadro es particularmente grave en sistemas montañosos de ambientes semiáridos con régimen pluvial monzónico. Fuego y sequía se combinan en invierno para dejar sin protección miles de hectáreas de suelo, que luego, desde fines de la primavera y durante todo el verano, son “lavados” por las lluvias (erosión hídrica en ambiente serrano por ejemplo).
En las cabeceras de las cuencas hídricas afectadas por fuego y desmonte las gotas de lluvia destruyen el suelo, y las aguas, en lugar de infiltrar, corren por la superficie llevando el suelo hacia los fondos de arroyos, ríos y lagos. El agua deja de circular con regularidad. Se concentra con carácter torrencial y a veces catastrófico en el verano, y disminuye o seca los ríos en invierno.
Este transporte de sedimentos no solo colmata las cubetas sino que agrega, a lagos ya contaminados con desechos cloacales, cargas suplementarias de fósforo y nitrógeno. Ambos nutrientes desencadenan entonces importantes floraciones de algas verdeazuladas, muchas de ellas tóxicas para los peces, el ganado vacuno e incluso el ser humano.
4.2.4. El fuego, cuando afecta ambientes contaminados con plaguicidas (por ejemplo 2,4-D) o con residuos sólidos (por ejemplo metales y plásticos clorados), puede desencadenar reacciones químicas que producen compuestos nuevos y muy tóxicos, como las dibenzodioxinas. El mayor riesgo se da durante la quema de rastrojo y de cultivos, pero también en cualquier ambiente contaminado con residuos sólidos.
4.2.5. Los incendios descargan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, un gas que acrecienta el efecto invernadero normal de la Tierra. Se plantea entonces una contradictoria situación legal y funcional. Argentina suscribió el Convenio Marco sobre Cambio Climático Global, y por lo tanto, adhirió a la paulatina reducción de las emisiones de CO2. Pero su política pública de tolerancia con el fuego la transforma en una importante productora de CO2 por incendios.
4.2.6. La institucionalización del fuego y de los incendios significa una grave e inmanejable pérdida para el patrimonio ambiental de las provincias y el país traducida en erosión hídrica, erosión eólica, pérdida de recursos vivos irrecuperables, alteración de cuencas hídricas, crecientes catastróficas en verano, arroyos y ríos secos en invierno, falta de agua, contaminación, eutroficación de ríos y lagos, pérdida de paisajes y ambientes fundamentales para mantener el turismo, destrucción de los sistemas regeneradores del suelo y contribución al efecto invernadero y los cambios climáticos.
4.3. Los incendios en la provincia de Córdoba.
Los incendios intencionales figuran entre las principales causas de disturbio ambiental en la provincia. En Córdoba existían tres grandes ecosistemas terrestres: Chaqueño, del Espinal y Pampeano. Estos dos últimos pueden considerarse prácticamente desaparecidos, pues fueron destruidos para establecer cultivos, ganado, plantaciones artificiales de Eucalyptus y ciudades. Antes del siglo XVIII los ecosistemas del Chaco y del Espinal estaban relativamente bien adaptados a los ciclos de fuego. Pero al generalizarse el reemplazo feroz de los ecosistemas nativos, el fuego se aplicó sobre superficies cada vez más grandes y con mayor asiduidad. Al quebrarse los mecanismos de recuperación esa adaptación prácticamente desapareció. Hoy los escasos remanentes de ambiente nativo apenas sobreviven. Tanto el desmonte irracional como el fuego son responsables de que en Córdoba se haya destruido >80% de la superficie originalmente cubierta por bosques nativos.
Entre 1988 y 1994 se quemaron en Córdoba 869.430 Ha, lo que da un promedio de 144.905 Ha/año. En 1993 se quemaron 250.900 Ha, en 1994 unas 242.300 Ha, en 1995 unas 255.900 Ha y en 1996 otras 69.500 Ha. Los meses de mayor ocurrencia son junio a noviembre. Las mayores quemas recientes se registraron durante los meses de septiembre (1993, 1994, 1995) y agosto (1996).
Ischilín 30.059
Tulumba 23.329
Río Seco 19.877
Cruz del Eje 19.472
Río Primero 12.280
Sobremonte 6.175
Totoral 5.324
San Alberto 2.865
San Javier 2.720
Minas 394
Colón 174
Santa María 83
Calamuchita 46
TOTAL 122.798
Fuente: Bono y otros (2004).
De la superficie total de la provincia de Córdoba (>16.000.000 de hectáreas) el 62,5% estaba cubierto originalmente por bosques (10.000.000 de hectáreas). Al año 2002 solo quedaban 1.250.000 hectáreas de bosques, en su mayoría secundarios y con síntomas de degradación (7,81%). Solo 400.000 hectáreas de esta superficie remanente tenía bosques con características parecidas a las originales (Cabido & Zak, 1999).
Lamentablemente la tasa de desmonte en las sierras (-3,13% anual), es mayor que el desmonte en los bosques de llanura (-2,75% anual) (Zak, Cabido & Hodgson, 2004). En la zona serrana (con bosques chaqueños extendidos sobre la zona geomorfológica del "Macizo antiguo") solo queda el 2% de la superficie boscosa original. De los bosques chaqueños de llanura, en tanto, apenas sobrevivió el 8% de la superficie original pero esta superficie continúa disminuyendo.
Resulta irónico que tras décadas de incapacidad gubernamental para evitar los desmontes, el propio gobierno desarrollara y aprobara una ley que prohíbe los desmontes totales pero posibilita los desmontes parciales (Ley Provincial 9219/2005). Esta iniciativa fue impulsada por el entonces presidente de la Agencia Córdoba Ambiente, Sergio Nirich, quien acordó esta norma con las grandes corporaciones agropecuarias, con Cartez, Coninagro y las sociedades rurales de Jesús María, Deán Funes, Cruz del Eje y Villa Dolores, pero sin consultar a las universidades y a las organizaciones ambientalistas.
A fines de 2004 FUNAM trabajó, infructuosamente, para que se desactivara el proyecto de ley que habilitaba desmontes parciales. En uno de los comunicados de prensa distribuidos por la fundación se indicaba:
"FUNAM calificó la reciente decisión del gobierno de Córdoba [de aprobar la ley que prohibía los desmontes totales y habilitaba los parciales] como 'irracional, sin base técnica, y sometida a los intereses de las grandes corporaciones agropecuarias. Este es el golpe de gracia para los escasos bosques chaqueños intactos que todavía quedan en la provincia'. Recordó que en Córdoba 'había hasta hace un siglo dos ambientes naturales de bosque nativo, el Chaqueño y el Espinal. El sorgo primero y la soja después hicieron desaparecer la mayor parte del bosque del Espinal. Ahora le toca el turno a los últimos bosques chaqueños serranos y de llanura'. Tras criticar duramente a la Agencia Córdoba Ambiente indicó que sus funcionarios 'no se dan cuenta o no quieren hacerlo que los bosques nativos de la provincia son las únicas fábricas de suelo, de agua y de clima, y que sin ellos no hay estabilidad posible, ni tampoco turismo. La mayor parte de los ríos que proveen de agua a la provincia tienen sus nacientes en la zona serrana, donde el desmonte, los incendios y la edificación reducen en forma alarmante la superficie del bosque nativo'. Montenegro sostuvo que las sierras 'son verdaderas esponjas hechas a base de vegetación, suelo y masas graníticas muy resquebrajadas. Si se destruyen esas esponjas naturales entra en grave crisis la provisión de agua dulce. Sin vegetación nativa disminuye abruptamente la infiltración de agua de lluvia, sin infiltración no hay vertientes permanentes, y sin vertientes no hay ríos que tengan agua todo el año. Las sierras están dejando de ser las esponjas que todos necesitamos para transformarse en autopistas de agua perdida. Pese a ello la tasa de desmonte en las sierras, de -3,13% anual, es mayor que el desmonte en bosques de llanura (-2,75% anual). Resulta irónico que tras décadas de incapacidad gubernamental para evitar los desmontes sea el propio gobierno quien los aliente. Por acción y omisión están condenando a muerte las futuras generaciones de cordobeses" (FUNAM, 2004).
4. EL FUEGO COMO HERRAMIENTA DE DESMONTE
El fuego es un proceso oxidativo violento que daña y mata importantes segmentos de biodiversidad, afecta los suelos, favorece la erosión, contamina el aire, el suelo y las aguas y contribuye al cambio climático. En base a su origen podemos clasificarlos en tres grupos: a) Fuegos intencionales ilegales; b) Fuegos intencionales legales (quemas controladas, quemas prescritas); c) Fuegos accidentales de origen antrópico (directo, indirecto) y d) Fuegos accidentales no antrópicos (por “caída” de rayos por ejemplo).
La realidad ambiental del país, con más del 80% de la superficie original de sus bosques nativos ya totalmente destruida, aconseja erradicar los fuegos intencionales, tanto legales (grupo "b") como ilegales (grupo "a"), y desplegar activas campañas de concientización pública para que disminuya la incidencia de los accidentales (grupo c).
4.1. Fuegos legales e ilegales.
Sobre los fuegos intencionales e ilegales no hay controversia. Lamentablemente, algunos técnicos y organismos siguen promocionando las bondades de la quema legal y controlada. FUNAM considera que la quema no debe legalizarse por las siguientes razones:
En primer lugar, porque la mayor parte de los ecosistemas, sobre todo los Chaqueños y del Espinal, han estado soportando fuegos que superan ampliamente sus respectivas posibilidades de auto-recuperación.
En segundo lugar, porque tanto la superficie original de los ambientes nativos como su continuidad han disminuido dramáticamente en Argentina. Esta merma y “fragmentación”, que acelera la pérdida de biodiversidad, es notable en las Provincias Biogeográficas de las Yungas, Paranaense o Misionera, Chaqueña, del Espinal y de la Estepa Pampeana, y en los Bosques Subantárticos.
En tercer lugar, porque ignoran los sinergismos que existen entre el fuego y otros factores actuales de simplificación ecológica, como sobrepastoreo, tala selectiva, desmonte en masa y contaminación. La mayor parte de los ambientes nativos de Argentina sufre una depredación sin precedentes.
En cuarto lugar, porque para el suelo un fuego controlado no se diferencia de uno prescrito (ver “Efectos”).
En quinto lugar, porque el fuego y sus acciones asociadas actúan sobre sustancias químicas preexistentes en el suelo, como plaguicidas y restos sólidos de distinto tipo (metales, plásticos clorados etc.). La quema de vegetación y suelos sometidos al uso intensivo de herbicidas clorados (como los ácidos feoxiacéticos sustituídos tipo 2,4-D) genera dibenzodioxinas y otros materiales de alta toxicidad, teratógenos y cancerígenos, que se introducen y bioaconcentran en redes alimentarias tipo pasto-vaca-hombre y tipo ecosistema complejo.
En quinto lugar, porque la quema controlada ignora por completo el "Principio de Precaución". Dado que existen alternativas sustentables al uso del fuego, como el desmalezamiento mecánico o el control biológico de malezas, su utilización no se justifica.
En sexto lugar, porque la actual bibliografía aconseja mayoritariamente, para ecosistemas en disturbio donde la supuesta resistencia al fuego está debilitada o no opera, erradicar el uso del fuego. Las modalidades de uso prescripto promovidas desde la provincia de Santiago del Estero -que es una de las provincias más afectadas por la degradación de ecosistemas- resultan por lo menos peligrosas. La mayoría de los técnicos que apoya esta habilitación del fuego suele basarse, casi exclusivamente, en la supuesta adaptación de algunas de las especies de plantas verdes -no la totalidad- ignorando que el "sistema" también incluye micro y macrobiota no vegetal de notable fragilidad. Quemar ecosistemas bajo disturbio y presión, donde está operando la simplificación ecológica a ritmo exponencial, es un despropósito técnico.
En séptimo lugar, porque la legalización del fuego incide negativamente sobre la estructura y funcionamiento de las cuencas hídricas de captación, cada vez más cercadas por el desmonte y la simplificación ecológica.
En octavo lugar porque favorece los desmontes, dado que el fuego forma parte de las técnicas "preparatorias" que utilizan empresas desmontadoras. Después del fuego las máquinas completan la "erradicación" de bosques y matorrales autóctonos.
En noveno lugar porque no existen, desde la perspectiva de los ecosistemas actuales, simplificados y frágiles, “fuegos buenos” y “fuegos malos”. Frente a una formación ambiental muy incipiente de la sociedad, la institucionalización de los fuegos controlados solo aumenta el ruido y la desorientación.
En décimo lugar, porque no sólo ignora el acelerado proceso de cambio climático global, producto del exceso de dióxido de carbono y del sobreefecto invernadero, sinó que legaliza, abiertamente, la descarga de CO2 a la atmósfera. Al habilitar esta descarga de “gas de invernadero", las quemas controladas configurarían, dentro de ciertos límites, violaciones a la "Convención sobre Cambio Climático Global".
En onceavo lugar, porque la realidad de nuestros modelos de gestión ambiental delata una crónica falta de agentes de fiscalización. Una vez legalizadas las quemas y los incendios sería muy difícil controlar lo que sucede. Los cuerpos de Bomberos Voluntarios, por ejemplo, sobreviven con presupuestos de miseria y la red de alerta temprana de incendios sigue siendo un anhelo. En este contexto el control es impracticable.
4.2. El impacto ambiental y sanitario del fuego.
4.2.1. Una abundante bibliografía desaconseja enfáticamente el uso del fuego como agente eliminador de vegetación en general y de malezas en particular. Ana Primavesi, de la Universidad de Viena y la Universidad Federal de Santa Maria (Brasil), conjuntamente con otros autores, indica que el uso del fuego es perjudicial por cuanto:
a) Impide el retorno de materia orgánica al suelo; b) Expone el suelo a las lluvias y favorece por lo tanto la erosión; c) Promueve el endurecimiento y la compactación del suelo, circunstancia negativa para la agricultura; d) Crea condiciones de repelencia del agua, por cuya causa los suelos sometidos a fuego se vuelven más secos [hecho particularmente grave en Córdoba]. Al dificultar la penetración de agua en el suelo (infiltración), condición agravada por la ausencia de vegetación protectora, esta "repelencia" o impermeabilización acelera la escorrentía superficial en suelos con pendiente, aumenta la permanencia de agua en suelos con drenaje impedido y agudiza en general el efecto de las inundaciones; e) Destruye las comunidades de micoorganismos que participan en la fabricación del suelo; debe tenerse en cuenta que conforme a datos de D. Pimentel, en condiciones agrícolas tropicales y templadas se requiere un promedio de 500 años, con extremos de 220 y 1.100 años, para regenerar 25 milímetros de suelo, y f) Descarga enormes volúmenes de dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual incrementa el "Efecto invernadero" y agrava los fenómenos de cambio climático global (Primavesi, 1984).
La descripción de los efectos negativos del fuego sobre el funcionamiento y conservación de los suelos puede hallarse en los trabajos de Bachelier, G. (1963); Cory, J.T. & R.J. Morris (1968); Debano, L.F. y otros (1970); Firsova, V.P. (1965); Margoli, E. (1977); Popenoe, H.L. (1957); Primavesi, A. (1965); Primavesi, A., F. Andrae & O. Gressler (1970); Primavesi, A. & J.A. Machado (1968) y Volsin, A. (1960), entre otros.
Autores como A. Primavesi (1965, 1968, 1984); A. Primavesi, F. Andrae & O. Gressler (1970) y A. Primavesi & J.A. Machado (1968) indican, claramente, que solamente las técnicas mecánicas y de manejo que excluyen el fuego garantizan la continuidad de la producción a largo plazo.
4.2.2. El fuego no debe disociarse de los desmontes desplanificados, desmedidos y mal hechos, legales, y del desmonte clandestino. Cabe señalar, a modo de ejemplo, que todos los desmontes autorizados por el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba entre 1991 y1995 fueron ilegales. Los funcionarios emitieron las autorizaciones sin hacer cumplir la Ley del Ambiente 7343/85 y su decreto de Impacto Ambiental 3290/90. Entre 1992 y 1994 se destruyeron en Córdoba, ilegalmente pero con autorización (sic), 50.000 hectáreas de bosques nativos.
4.2.3. Los incendios, cualquiera sea su origen, contribuyen a destruir las cabeceras de las cuencas hídricas. Los graves fuegos de corona y también los de superficie destruyen la vegetación y la fauna nativa e interrumpen por años e incluso siglos la capacidad regeneradora del suelo y de los ecosistemas.
Este cuadro es particularmente grave en sistemas montañosos de ambientes semiáridos con régimen pluvial monzónico. Fuego y sequía se combinan en invierno para dejar sin protección miles de hectáreas de suelo, que luego, desde fines de la primavera y durante todo el verano, son “lavados” por las lluvias (erosión hídrica en ambiente serrano por ejemplo).
En las cabeceras de las cuencas hídricas afectadas por fuego y desmonte las gotas de lluvia destruyen el suelo, y las aguas, en lugar de infiltrar, corren por la superficie llevando el suelo hacia los fondos de arroyos, ríos y lagos. El agua deja de circular con regularidad. Se concentra con carácter torrencial y a veces catastrófico en el verano, y disminuye o seca los ríos en invierno.
Este transporte de sedimentos no solo colmata las cubetas sino que agrega, a lagos ya contaminados con desechos cloacales, cargas suplementarias de fósforo y nitrógeno. Ambos nutrientes desencadenan entonces importantes floraciones de algas verdeazuladas, muchas de ellas tóxicas para los peces, el ganado vacuno e incluso el ser humano.
4.2.4. El fuego, cuando afecta ambientes contaminados con plaguicidas (por ejemplo 2,4-D) o con residuos sólidos (por ejemplo metales y plásticos clorados), puede desencadenar reacciones químicas que producen compuestos nuevos y muy tóxicos, como las dibenzodioxinas. El mayor riesgo se da durante la quema de rastrojo y de cultivos, pero también en cualquier ambiente contaminado con residuos sólidos.
4.2.5. Los incendios descargan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, un gas que acrecienta el efecto invernadero normal de la Tierra. Se plantea entonces una contradictoria situación legal y funcional. Argentina suscribió el Convenio Marco sobre Cambio Climático Global, y por lo tanto, adhirió a la paulatina reducción de las emisiones de CO2. Pero su política pública de tolerancia con el fuego la transforma en una importante productora de CO2 por incendios.
4.2.6. La institucionalización del fuego y de los incendios significa una grave e inmanejable pérdida para el patrimonio ambiental de las provincias y el país traducida en erosión hídrica, erosión eólica, pérdida de recursos vivos irrecuperables, alteración de cuencas hídricas, crecientes catastróficas en verano, arroyos y ríos secos en invierno, falta de agua, contaminación, eutroficación de ríos y lagos, pérdida de paisajes y ambientes fundamentales para mantener el turismo, destrucción de los sistemas regeneradores del suelo y contribución al efecto invernadero y los cambios climáticos.
4.3. Los incendios en la provincia de Córdoba.
Los incendios intencionales figuran entre las principales causas de disturbio ambiental en la provincia. En Córdoba existían tres grandes ecosistemas terrestres: Chaqueño, del Espinal y Pampeano. Estos dos últimos pueden considerarse prácticamente desaparecidos, pues fueron destruidos para establecer cultivos, ganado, plantaciones artificiales de Eucalyptus y ciudades. Antes del siglo XVIII los ecosistemas del Chaco y del Espinal estaban relativamente bien adaptados a los ciclos de fuego. Pero al generalizarse el reemplazo feroz de los ecosistemas nativos, el fuego se aplicó sobre superficies cada vez más grandes y con mayor asiduidad. Al quebrarse los mecanismos de recuperación esa adaptación prácticamente desapareció. Hoy los escasos remanentes de ambiente nativo apenas sobreviven. Tanto el desmonte irracional como el fuego son responsables de que en Córdoba se haya destruido >80% de la superficie originalmente cubierta por bosques nativos.
Entre 1988 y 1994 se quemaron en Córdoba 869.430 Ha, lo que da un promedio de 144.905 Ha/año. En 1993 se quemaron 250.900 Ha, en 1994 unas 242.300 Ha, en 1995 unas 255.900 Ha y en 1996 otras 69.500 Ha. Los meses de mayor ocurrencia son junio a noviembre. Las mayores quemas recientes se registraron durante los meses de septiembre (1993, 1994, 1995) y agosto (1996).
5. LAS NUEVAS AMENAZAS
5.1. Una provincia donde los ambientes naturales se han reducido en forma dramática debido a la expansión agrícola, silvícola, minera, urbana y vial.
La mayor parte de la superficie provincial ha sufrido fuertes intervenciones antrópicas sin que se hiciesen mayores esfuerzos de conservación. Actualmente se identifican cinco áreas productivas homogéneas: a) Ganadera extensiva del norte y noroeste con 3.500.000 Ha y 9.000 productores; b) Agrícolo-ganadera del centro con 2.000.000 Ha y 9.500 productores; c) Lechera del centro-este con 2.250.000 Ha y 7.000 productores; d) Agrícola del sudeste con > 1.000.000 Ha y 4.200 productores y e) Ganadera agrícola del sur con 3.200.000 Ha y unos 10.000 productores (SEGYP-CFA, 1995).
Los ecosistemas originarios del Espinal y Pampeano pueden considerarse virtualmente extinguidos. Sólo quedan remanentes poco significativos (por ejemplo los ambientes pampeanos de inundación del este y sudeste). En cuanto al Chaco serrano y de llanura, sus formaciones nativas están cada vez más presionadas.
En el Censo Nacional Agropecuario de 1988 se registraron 40.817 explotaciones agropecuarias, de las cuales prácticamente el total (98%) estaban delimitadas. Las mismas ocupaban una superficie de 13.724.886 Ha que representan el 83% de toda la superficie provincial. Asumiendo que este remanente alberga a su vez los ecosistemas “residuales” de la provincia, quedan “fuera” del sistema productivo apenas 2.875.114 Ha. Este remanente (que incluye una parte significativa del Macizo Antiguo) es verdaderamente reducido y de pronóstico ambientalmente sombrío. Los ecosistemas naturales de la provincia y sus especies vivas (la fauna y flora nativas) entraron lamentablemente en una fase de retracción forzada que afectará a mediano y largo plazo la estabilidad ambiental y económica de Córdoba. Nuestra provincia no es sustentable. Muy por el contrario, todos los indicadores muestran que el deterioro avanza mucho más rápidamente que las medidas de conservación.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables de la provincia consideraba, en 1994, que más de 1.500.000 Ha estaban afectadas por severos procesos erosivos. Los ecosistemas productivos, que despliegan procedimientos mayoritariamente no sustentables, sufren, además de erosión hídrica y eólica, importantes fenómenos de erosión biológica. Esto se produce cuando las plantas cosechadas llevan consigo nutrientes que no se reponen.
Las áreas naturales protegidas, que por otra parte no son efectivamente conservadas, resultan insuficientes para mantener focos mínimos de biodiversidad y de “fabricación” de suelos. Casi todos los flujos de genes y la biodiversidad original están o han sido fuertemente distorsionadas por el avance espectacular de las fronteras agropecuarias, los incendios, el sobrepastoreo, la tala selectiva, el desmonte, la caza, la ampliación de las fronteras urbanas, la minería de superficie y la contaminación.
Este cuadro general es francamente crítico. La falta casi crónica de enfoques ambientales y sobre todo sistémicos ha agudizado el impacto de fenómenos naturales como la sequía y el exceso de lluvias. Tanto las inundaciones del norte como las inundaciones del sur son un resultado parcial de este desorden. No se trata de endicar masas de agua ni de construir canales y caminos frente a cada contingencia, sino de adaptarse a los pulsos naturales del clima, el suelo y la biota nativa, respetando la capacidad de carga de los ecosistemas (“K”). De allí que la gestión ambiental tenga su principal obstáculo en los modelos tendenciales de producción y de administración gubernamental. La consigna tradicional ha sido crecer aunque se afectara irreversiblemente el ambiente. Esta tendencia no puede continuar.
5.2. Las nuevas amenazas agrícolas.
En Argentina la soja transgénica RR está entre las principales causas de desmonte (recordemos que más del 55% de toda la superficie cultivable se dedica a soja, con >17.000.000 de hectáreas). Lo mismo sucede en Córdoba. La soja transgénica y otros cultivos avanzan sobre superficies planas o con topografía poco acentuada que han sido desmontadas o quemadas intencionalmente.
En el norte de la provincia de Córdoba la expansión de los cultivos de soja ha generado además graves conflictos sociales, pues a la lentitud e ineficiencia del gobierno provincial para sanear títulos se superpone la acción concertada de funcionarios administrativos, judiciales y policía para expulsar de sus tierras a campesinos que durante décadas convivieron con el bosque nativo.
En la zona serrana la amenaza de la soja se suma a la expansión descontrolada de los cultivos de papa, que aumentan la destrucción de ambientes nativos, el uso intensivo y poco cuidadoso del suelo, y la aplicación de plaguicidas de alto riesgo.
5.3. Las amenazas mineras.
Actualmente una de las causas de desmonte es la utilización de vegetación de bosque serrano para su quema en hornos productores de cal (inmediaciones de San Marcos Sierra). Además de esta actividad minera dedicada a las rocas de aplicación existen otras iniciativas mineras que representan riesgos para los remanentes de vegetación nativa, sobre todo en la zona serrana.
En la provincia de Córdoba se han identificado unas 18 zonas de interés minero, muchas de ellas localizadas en ambientes con fuerte vocación turística.
Dado el impacto que suelen generar, urge el cumplimiento de la Ley del Ambiente 7.343, de su Decreto Reglamentario 2131 y del Título Complementario de la Ley Nacional de Minería 24.585. También debe aprobarse una ley que prohíba el cateo y explotación de minería metalífera a cielo abierto (incluido uranio), y prohibir además la utilización de cianuro de sodio, ácido sulfúrico y otras sustancias empleadas para la lixiviación de minerales triturados.
Los 18 posibles yacimientos son: a) Candelaria en el departamento Cruz del Eje (superficie: 30.180 Ha, yacimientos vetiformes auríferos); b) El Guaico en el Departamento Minas (superficie: 23.800 Ha, yacimientos polimetálicos de plomo, plata, zinc, vanadio, oro y otros); c) Mesa La Argentina en el Departamento Minas (superficie: 18.150 Ha); d) La Bismutina en el Departamento Minas (wolframita, scheclita, bismutita, bismutina, escasa fluorita); e) Chancaní en el Departamento Pocho (donde se sitúa un área natural protegida); f) Volcanes de Pocho (superficie: 13.200 Ha, anomalías en oro, con valores de 6 a 8 gramos por tonelada; actualmente la empresa MIM Exploraciones Argentinas S.A. desarrolla un programa de exploración por contrato); g) Río Hondo en los Departamentos Pocho y Minas (superficie: 19.510 Ha, con características similares a Candelaria); h) Cerro Los Mogotes en el Departamento Pocho; i) San Agustín, al oeste de la localidad del mismo nombre (se encuentran sulfuros de cobre, hierro y oro relacionados con la anfibolita); j) Achiras en el Departamento Río Cuarto (granitos y granitos porfíricos en afloramientos dispersos); k) Sierra de Comechingones en el Departamento Río Cuarto (superficie: 45.000 Ha, vetas de fluorita y anomalías de plomo, zinc, wolframio, oro, y molibdeno); l) Río de los Sauces en el Departamento Calamuchita, entre Río de los Sauces y Alpa Corral (área de interés por la presencia de cromo, molibdeno y oro); m) Cerro San Lorenzo en el Departamento Calamuchita (superficie: 2.588 Ha, anomalías geoquímicas importantes en cobre, níquel y oro); n) Los Mogotes en el Departamento Punilla, al oeste de La Falda (canteras de caliza, vetas de cuarzo con wolframita y berilo y otras de cuarzo con sulfuro de cobre y hierro); ñ) Pampa de Oláen en el Departamento Punilla (superficie: 400 km2 de la Fundación San Roque, amplios cuerpos de skarn con yacimientos de tugsteno, hay sulfuros de cobre y hierro diseminados, mineración wolframífera investigada con 30.000 toneladas de mineral); o) Cerro de las Minas en el Departamento Punilla (con un cateo existente de 9.000 Ha, mineralizaciones de wolframita, fluorita, galena y oro aluvional); p) Aguada del Monte en el Departamento Sobremonte (superficie: 2.400 Ha, anomalías geoquímicas de oro), y q) El Quicho en el Departamento Cruz del Eje (superficie: 36.900 Ha, depósito de aguas termales con temperaturas de 40 °C, zonas con interés prospectivo en oro).
Según la Dirección de Minería de la provincia, para 1997 Córdoba tenía contabilizados 157 yacimientos, 67 plantas de beneficio y 35 plantas de elaboración.
Recientemente la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) intentó obtener permisos de cateo para la búsqueda de uranio en un polígono cercano a la localidad de Nono, pero la Dirección de Minería de la provincia rechazó el pedido y denegó la autorización (2008). Finalmente, tras la presión de los vecinos y ONGs de Traslasierra, aglutinadas alrededor de Ongamira Despierta, el gobierno de la provincia envió un proyecto de ley que prohíbe la prospección y explotación de minerales metalíferos y del uranio y otros "minerales nucleares". La ley finalmente se aprobó (n° 9526/2008).
6. CONSIDERACIONES FINALES
Gobiernos, funcionarios, productores y ciudadanos no han internalizado todavía la gravedad del fenómeno desmonte y la inaceptable desaparición de ecosistemas completos en la provincia de Córdoba.
Los suelos, las aguas superficiales y subterráneas, los pulsos climáticos y la biodiversidad dependen de la supervivencia de estos ambientes. No hay supervivencia posible sin ecosistemas naturales en pleno funcionamiento. Pero a pesar de este hecho, y como consecuencia directa de la pasividad de los organismos públicos, el desmonte continúa en Córdoba.
La provincia es un mosaico de ambientes fuertemente influenciado por la semiaridez, con llanuras al oeste (estrechas por razones de límite) y llanuras muy amplias con drenaje mayoritariamente impedido al este. Entre ambas, sobre la franja occidental, se desarrolla una banda de topografía acentuada, el Macizo Antiguo. Este último aloja las cuencas activas de los principales ríos de la provincia, en su mayoría de escaso caudal y endorreicos. La única excepción a este conjunto de cuencas cerradas la constituye el río Ctalamochita-Carcarañá (Q = 28 m3/s) que vuelca sus aguas al río Paraná.
Dado que los ecosistemas nativos de la zona serrana están siendo destruidos, la regularidad hídrica de la mayoría de las cuencas hídricas sufre graves alteraciones. Irónicamente, al tiempo que crece la población y el consumo de agua per capita, las cuencas hídricas de captación están cada vez más alteradas. El desmanejo de las cuencas hídricas en Córdoba es desesperante.
7. PROPUESTAS
7.1. Sobre comunidades indígenas y tenedores ancestrales.
Es indispensable asegurar el cumplimiento del Artículo 75 de la Constitución Nacional y de la Convención 169 de la Organización Internacional del trabajo sobre derechos indígenas (ver Montenegro & Stephens, 2006; Napolitano & Montenegro, 2007). Un marco normativo asimilable debe proteger además a las comunidades campesinas y a los pequeños productores en tanto desplieguen métodos sustentables de uso del suelo y de los ecosistemas nativos.
7.2. Sobre desmonte y protección de la vegetación nativa.
a) Elaborar la versión provincial de la Ley de Bosques (no es una reglamentación de la ley nacional) extendiendo la protección a todos los ecosistemas (por ejemplo Espinal y Pampeano aunque estén prácticamente desaparecidos como ambiente masivo). Incluir en Categorías I y II todos los bosques nativos remanentes, continuos y discontinuos, y sus asociaciones no boscosas, ello sobre la base del último mosaico disponible de imágenes satelitales. Incluir en Categoría II todos los ambientes en sucesión y recuperables "por clausura" (corto plazo, mediano plazo, largo plazo). Incluir la derogación de la ley provincial 9219/2005.
b) Declarar en estado de emergencia a los ambientes nativos y bosques de la provincia. Su situación es desesperante. Asumir como objetivo fundamental la protección activa de los ambientes naturales de la zona serrana, base del turismo y de la provisión de agua; de los bosques secos del noroeste y norte de la provincia, violentamente saqueados, desmontados e incendiados ante la indiferencia gubernamental, y de los ambientes nativos de la zona de inundación del sur de la provincia. Las empresas de desmonte siguen barriendo miles de hectáreas de bosque nativo con autorizaciones emanadas de la Secretaría de Ambiente de la provincia, a lo que hay que sumar el desmonte ilegal por falta de controles.
c) Conservar como mínimo la actual superficie boscosa nativa (que es un 20% de la original aproximadamente), involucrando en este proyecto de conservación a los sectores públicos y privados, pero con activa participación de los pobladores rurales, grupos indígenas, grupos de base, ONGs y universidades.
d) Suspender todo proyecto de reforestación con especies exóticas o nativas de crecimiento rápido que signifiquen la previa destrucción de ecosistemas naturales, boscosos o no, fomentando en cambio la reforestación de ambientes desertificados o con graves problemas de erosión. Es indispensable que autoridades y sociedad comprendan que los bosques implantados carecen de la capacidad amortiguante, protectora y autorregulada de los bosques nativos.
e) Negociar, ante la comunidad internacional, la integración de un Superfondo para la Protección de la Biodiversidad que permita, por una parte, la conservación de ambientes nativos sin uso consuntivo, y por la otra, el financiamiento de proyectos de desarrollo sustentable. Estos proyectos pueden o no involucrar sistemas silvopastoriles de bajo impacto.
f) Fomentar y contribuir al sostén de Bancos de Germoplasma de especies nativas, en particular de las más amenazadas, con sus respectivos Herbarios (“Red de Bancos de Germoplasma y Herbarios de la provincia de Córdoba”).
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que un Banco es apenas una herramienta auxiliar que no protege la diversidad genética (propia de una población en buen estado) sino muestras de individuos y genes. Al mismo tiempo, urge proteger nuestro germoplasma de la piratería, prohibiendo y controlando la extracción sin autorización de semillas y organismos vivos de especies nativas.
g) Descartar los proyectos de "ambientes en franja" o "cortinas forestales" para proteger los ambientes periurbanos de la deriva de plaguicidas. Carecen de efecto filtro, legitiman la aplicación de plaguicidas y no son viables en términos de tenencia. Cabe recordar que los bordes urbanos suelen expandirse.
7.3. Sobre áreas naturales protegidas.
a) Aumentar la superficie destinada a parques y reservas Nacionales, Provinciales, Municipales y privadas, manteniendo los Parques Nacionales como tales sin ingerencia de los estados provinciales.
b) Conservar no solamente “ecosistemas centrales” sino también “ecosistemas de contacto entre ecosistemas” o “ecotonos”. Al mismo tiempo, gobiernos y sociedad deben asumir que los ecosistemas nunca fueron homogéneos, y que un mismo ecosistema distribuido sobre una gran superficie tiene numerosas variantes, muchas veces difíciles de detectar, que también deben ser conservadas. En este contexto, ecosistemas largos y estrechos, como el de las Yungas, son particularmente críticos.
c) Lograr una red protegida y consolidada de corredores de biodiversidad y ecodiversidad que reduzcan los efectos del “principio de biogeografía de islas” o “principio de Mac Arthur y Wilson.
d) Aplicar la Ley Nacional 26331. Igualmente el Decreto-Ley 22.344 de adhesión a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, o Convención de Washington; otras) y las normas provinciales sobre flora (por ejemplo: Decreto provincial sobre actividades forestales 2.111 de 1956; Resolución 8.717 de 1950 que prohíbe la destrucción por corte o incendio de la palmera Trithrinax campestris; Resolución 4.343 de 1965 que prohíbe la explotación, cortes aislados o desgajado del quebracho colorado Schinopsis lorentzii en el departamento Río Seco, cualquiera sea su estado vegetativo; Ley 8.066/91 sobre actividad forestal etc.) y elaborar, cada año, el decreto sobre especies cuya extracción o tala está permitida (ello con cupos totales y condiciones).
e) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre “bosque protector” y “bosque permanente”. Tales normas de declaración incluyen las siguientes áreas: e.1) Area de palmera (Trithrinax campestris), norte y oeste de la provincia (Decreto 8.717 de 1950; e.2) Faldeo occidental de las Sierras Chicas desde San Marcos Sierra hasta Carlos Paz (Resolución 2.551 de 1951); e.3) Faldeo occidental de las Sierras Chicas, desde Los Molinos hasta dique de Embalse de Río Tercero (Resolución 2570 de 1951); e.4) Faldeo occidental de las Sierras Grandes, desde Mina Clavero hasta La Paz (Resolución 2.570 de 1951); e.5) Masas arbóreas existentes en los Departamentos Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca (Resolución 2.728 de 1951); e.6) Formación leñosa de tamarisco (Tamaris gallica) que margina el lecho del río Quinto; e.7) Faldeo occidental de las Sierras Grandes, desde Salsacate hasta Mina Clavero (Resolución 2.722 de 1951); e.8) Pampa de Pocho (Resolución 2.722 de 1951); e.9) Adyacencias del Cerro Colorado (Resolución 3.674 de 1954 y Resolución 0261 de 1974); e.10) Masas arbóreas y núcleos existentes en el Departamento Capital (Resolución 3.929 de 1954); e.11) Monte de las Barrancas, luego transformado en área natural protegida (Resolución 0279 del año 1958); e.12) Faldeo oriental de las Sierras Chicas entre la Cañada del río Pinto y Villa Rivera Indarte (Resolución 1.408 de 1961); e.13) Ampliación del área “3” hacia el oeste, hasta el camino de la costa que une las localidades de Los Pozos, Las Rosas, Luyaba y Piedra Blanca (Resolución 2.235 de 1962); e.14) Faldeo occidental de la Sierra de Guasapampa (Resolución 2.719 de de 1963); e.15)Pampa de Olaén (Decreto 2.726 de 1965, que aprueba la Resolución 4.544 de ese mismo año); e.16) Margen de la Ruta Nacional nº 19 entre la localidad de Tránsito y el Tío (Resolución sin identificar); e.17) Margen izquierda del río Soto, entre Villa de Soto y La Toma (Resolución 4.288 de 1965); e.18) Cuchi Corral en el Departamento Punilla (Resolución 4.543 de 1965?); e.19) Potrero del Estado (Decreto 0014 de 1966 que aprueba la resolución 5.388 del mismo año); e.20) Los Pocitos-Chancaní, posteriormente y en parte transformado en área natural protegida (Resolución 5.100 de 1966): e.21) Área comprendida entre Puesto del Francés y el río Quilpo (Resolución 7.630 de 1968); e.22) Área comprendida entre Villa de Soto, La Puerta, Candelaria y Cruz de Caña (Decreto 2.251 de 1968 que aprueba la Resolución 7.575 del mismo año); e.23) Declaración de bosque permanente a todas las franjas boscosas que marginan los caminos y rutas nacionales y provinciales dentro del territorio de la provincia (Resolución 0150 de 1958), y e.24) Formaciones boscosas que recubren los faldeos septentrionales de los cordones de las Sierras Chicas, Sierras Grandes, Sierras de Pocho y Sierras de Serrezuela (Resolución 4.288 de 1965).
f) Proteger los pastizales nativos de la provincia, de los cuales quedan: f.1) relictos de la Provincia Biogeográfica Pampeana en el sur; f.2) relictos del bosque de algarrobo y negro (Provincia Biogeográfica del Espinal, un ecosistema prácticamente desaparecido); f.3) pastizales de inundación en el área de derrame del río Dulce (humedales, Provincia Biogeográfica Chaqueña), y f.4) los romerillales y pastizales de altura de la zona serrana (también Provincia Biogeográfica Chaqueña). Estos últimos están siendo destruidos por la expansión de los cultivos de papa semilla, los incendios y el sobrepastoreo.
g) Proteger activamente la flora no forestal y no pastizal, en particular las plantas medicinales, aromáticas, de condimento y ornamentales (incluidas cactáceas y Pteridófitas), cada vez más presionadas por la extracción salvaje. Debe tenerse en cuenta que en Córdoba existen especies citadas como presionadas o amenazadas en 344 géneros de plantas verdes (4 géneros de Pteridófitas, 1 género de Gimnospermas, 251 géneros de Dicotiledóneas, 78 géneros de Monocotiledóneas) (Halac y otros, 1985).
Como parte de esta estrategia de conservación, fomentar el cultivo orgánico de especies medicinales, aromáticas, de condimento y ornamentales sin generar una extracción masiva de germoplasma nativo. Al mismo tiempo, y hasta tanto funcionen estas unidades productivas, reglamentar la extracción de estas plantas y dictar cursos para su uso sustentable. Traslasierra por ejemplo está perdiendo a un ritmo geométrico su biodiversidad en plantas medicinales y aromáticas. El auge de bebidas “a base de yuyos” y de productos “naturales”, de creciente demanda, implican, irónicamente, la disminución poblacional de especies emblemáticas de nuestras sierras, como la peperina (Minthostachys verticillata).
h) Fomentar y proteger las actividades de repoblamiento ecosistémico (clausuras), de repoblamiento forestal con las especies autóctonas características del área repoblada, y el cultivo a gran escala de especies nativas forestales como el algarrobo (Prosopis spp.). Actualmente el desarrollo de sistemas de cultivo de nativas es llevado adelante gracias al esfuerzo de personas e instituciones no oficiales. No existe una política gubernamental verdaderamente clara y decidida de promoción.
i) Aplicar la Ley Provincial de Areas Naturales 6.964 (Decreto 3.442 de 1983) y la normativa sobre creación de áreas (ver capítulo de legislación). Sería conveniente sin embargo reformular la Ley de Areas naturales Protegidas o bien reemplazarlo por una nueva Ley que tuviera en cuenta los siguientes aspectos:
j) Recategorizar el total de áreas naturales protegidas de la provincia, cualquiera sea su jurisdicción, con el sistema de la Administración de Parques Nacionales (APS). Este último consta de ocho categorías. De este modo se homogeneizaría el sistema de clasificación y protección
k) Administrar las áreas naturales de la provincia de Córdoba, actualmente sometidas a un inconcebible abandono administrativo y de control (“áreas de papel”): k.1) Cerro Colorado (Superficie: 3.000 Ha, Grado de Protección según la Administración de Parques Nacionales: VII); (k.2) Chancaní (Superficie: 4.920 Ha, Grado de Protección II+IV); k.3) La Quebrada (Superficie: 4.200 Ha, Grado de Protección IV); k.4) Laguna La Felipa (Superficie: 1.307 Ha, Grado de Protección IV); k.5) Mar Chiquita (Superficie: 600.000 Ha, Grado de Protección VIII); k.6) El Potrerillo (Superficie: 500 Ha, Grado de Protección IV); k.7) Las Tunas (Superficie: 300 Ha, Grado de protección VI); k.8) Las Tunitas (Superficie: 300 Ha, Grado de Protección VI); k.9) Monte de las Barrancas (Superficie: 7.568 Ha, Grado de Protección I) y k.10) Suquía (Superficie: 78 Ha, Grado de Protección V). Esta última debería ser traspasada a la Municipalidad de Córdoba para su control más efectivo.
l) Contribuir a la protección de las áreas naturales protegidas establecidas sobre territorio federal: l.1) Vaquerías (dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, Superficie: 400 Ha, Grado de Protección: VIII) y l.2) Parque Nacional Quebrada del Condorito (Administración de Parques Nacionales, Superficie: aproximadamente 40.000 Ha).
m) Contribuir a la protección de las áreas naturales protegidas establecidas sobre territorio municipal: m.1) Parque Tau, de la Municipalidad de Bell Ville (Superficie, 68 Ha; Grado de Protección: VI), y m.2) Parque General San Martín (parcial, Municipalidad de Córdoba).
n) Contribuir a la protección de las áreas naturales protegidas establecidas sobre terrenos privados: n.1) Reserva de Vida Silvestre La Aguadita (Superficie 67 Ha, Grado de Protección: I+IV) y n.2) Reserva de Vida Silvestre Las Dos Hermanas (Superficie: 1.055 Ha, Grado de Protección: IV). Existen en carpeta y en los hechos numerosas iniciativas privadas que podrían aumentar el disponible de áreas naturales protegidas de propiedad privada (Reserva de Vida Silvestre Kurrupachina por ejemplo).
Lamentablemente, tanto la flagrante violación de la normativa de bosques protectores y permanentes como la inadecuada protección de las áreas naturales “protegidas” (sic), incluida la acción de factores degradantes como la extracción selectiva de madera, leña, plantas medicinales y rocas de aplicación, la tala masiva (desmonte), el fuego, el sobrepastoreo, la caza y la descarga de contaminantes (todos, por definición, ilegales en las áreas bajo protección), llevaron el sistema a un inadmisible estado de indefensión y deterioro en muchos casos irreversible. Actualmente el patrimonio forestal nativo de la provincia está en crisis extrema.
m) Crear nuevas áreas naturales protegidas en toda la provincia (nacionales, provinciales, municipales, privadas, mixtas etc.), e incorporar -a las existentes- nuevas figuras de protección (por ejemplo Reserva de la Biosfera e incorporación activa al listado de sitios bajo protección de la Convención sobre Humedales de Ramsar de la actual área natural protegida de Mar Chiquita). Crear la Reserva Natural de la Memoria en los terrenos del Ejército.
Entre otras areas proyectadas para la provincia figuraban: m.1) Reserva Cultural Natural Charquina con 8.000 Ha; m.2) Reserva Natural Uritorco con 20.000 Ha; m.3) Reserva Natural Los Gigantes con 12.000 Ha; m.4) Monumento Natural Champaquí con 12.000 Ha; m.5) Reserva Natural de los Bañados del Saladillo con 8.000 Ha y m.6) Reserva Recreativa Natural El Diquecito con 3.000 Ha.
n) Consolidar la creación, adjunta al Parque Nacional de Quebrada del Condorito, de la Reserva Hídrica de Pampa de Achala.
o) Incorporar al sistema de áreas naturales protegidas las cuevas, cavernas y otros tipos de formación geológica, incluidas las de origen antrópico (Cerro Colorado ya se hallaría incluida en un sistema precario de protección). Para ello podría tomarse como referencia la Ley 5.978 de la provincia de Mendoza sobre “Cavidades naturales de la Tierra”.
p) Mantener permanentemente actualizado un Banco de Datos con el estado (superficie, volumen) de los ecosistemas naturales de la provincia de Córdoba en base a la lectura de imágenes satelitales, fotografía aérea, apoyatura de campo y otras fuentes (ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos). Un proyecto de este tipo, denominado “Libro y Mapa Rojo de los Ecosistemas” es coordinado por la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) en asociación con universidades.
q) Sostener la participación de Córdoba en la “Red Nacional de Cooperación Técnica en Areas Naturales Protegidas” y otras instancias, nacionales, regionales e internacionales. En este contexto es fundamental el mantenimiento de canales fluidos de comunicación e incluso trabajo conjunto con la UNESCO, que opera la red de sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” y la red de ”Reservas de la Biosfera”. Cabe acotar que la provincia, en un trámite que ya lleva muchos años, intenta incorporar Cerro Colorado a la lista de sitios “Patrimonio de la Humanidad”.
7.4. Sobre fauna nativa.
a) Aplicar las leyes nacionales y provinciales de fauna (Ley Nacional de Fauna 22.421; Decreto-Ley 22.344 de adhesión a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, o Convención de Washington, de 1973; otras normas), y elaborar, cada año, el decreto sobre caza y pesca con la lista de las especies de pesca y caza permitidas. Cada proceso de elaboración del decreto debería trabajarse en estrecha relación con la Dirección de Impacto Ambiental y el Consejo Provincial del Ambiente. Urge establecer por Ley las especies de la fauna con protección absoluta. El organismo provincial de fauna debería armonizar mecanismos de control con las Municipalidades, fomentando la redacción y aprobación de ordenanzas sobre fauna que proyecten el contenido de las normas provinciales. Este trabajo en red, respetuoso de las respectivas jurisdicciones, es fundamentar para el logro de controles más efectivos.
b) Recrear y apoyar el funcionamiento independiente, aunque dentro de la normativa vigente, del Cuerpo de Guardafaunas Honorarios de la provincia.
c) Blanquear los sistemas de regulación, control y fomento de cría de animales de la fauna silvestre para evitar la proliferación de “criaderos pantalla”. Eliminar paulatinamente de la provincia los actuales zoológicos privados, cuyos “stocks” faunísticos son alimentados vía la extracción de individuos de sus ambientes naturales. La crónica falta de controles de la provincia facilita estos procesos de microvaciamiento de ecosistemas.
d) Mantener actualizado el “Libro Rojo” de las especies de la fauna nativa amenazadas de retroceso (distintas categorías). Armar y sostener un sistema práctico de monitoreo de las poblaciones en estado crítico. Debe tenerse en cuenta que el estudio conducido por Inés Halac y otros en Córdoba (1985, Subsecretaría de Gestión Ambiental) consideró incluidos en el universo de especies de la fauna presionadas y amenazadas 4 especies de Reptiles, 25 especies de Aves y 27 especies de Mamíferos (Halac, 1985).
Formas como la boa de las vizcacheras (Boa constrictor constrictor occidentalis), el cóndor (Vultur gryphus), el gato de las salinas (Felis geoffroyi salinarum), el gato montés (Felis geoffroyi geoffroyi), el gato pajero (Felis colocolo), el gato moro (Felis yaguaroundi eyra), el conejo de los palos (Pediolagus salinicola) y el pecarí de collar (Tayassu tajacu), por ejemplo, tienen estados poblacionales críticos y pueden ser considerados, de no mediar cambios en su protección, como virtualmente extinguidos en menos de medio siglo. Córdoba sigue despilfarrando a una velocidad realmente peligrosa su biodiversidad nativa.
e) Establecer un Banco de Germoplasma Faunístico sobre la base de los “bolsones” y “corredores” de genes a que se hizo referencia anteriormente, y los reservorios legales de especies nativas (criaderos de investigación, criaderos comerciales, zoológicos no lucrativos etc.). Proteger nuestro germoplasma faunístico de la piratería, prohibiendo y controlando la extracción sin autorización de crías y adultos de especies nativas.
f) Sostener la participación de la provincia de Córdoba en el ECIF, Ente Coordinador Interprovincial de la Fauna, y en otras instancias de trabajo conjunto, nacionales, regionales (como Mercosur) e internacionales (como la propia CITES y otras convenciones).
7.5. Sobre los suelos.
a) Aplicar la Ley Nacional de Fomento de la Conservación de Suelos 22.428/1981 y su Decreto reglamentario 681/1981.
b) Definir una clara política de conservación de suelos para todo el territorio de la provincia, no solamente para las zonas de llanura y alta productividad del sur, centro y este. Urge integrar al sistema de conservación los suelos serranos, los suelos del oeste y los suelos del norte de Córdoba.
c) Promocionar y apoyar los “Consorcios de Conservación de Suelos” en toda la provincia. Uno de los casos exitosos de manejo es el Consorcio de Conservación de Suelos “El Salto” en las llanuras de Almafuerte y Río Tercero. Agrupa a 77 productores y se extiende sobre más de 15.000 Ha de superficie. Las técnicas agronómicas que se practican allí incluyen modificación de las técnicas de laboreo convencional (que daban vuelta el pan de tierra), uso de herramientas con cincel, rotación de cultivos y siembra directa. Entre las obras de ingeniería de “El Salto” destacan la sistematización de los campos con curvas de nivel, terrazas de desagüe, canales de desagüe que reciben los aportes de las terrazas y diques de retención de agua. Hasta ahora se logró controlar el 100% de la erosión en cárcavas.
d) Diseñar un sistema de “Cuencas edáficas” para orientar los sistemas de apoyo y control, estrechamente asociado con el sistema de Cuencas Hídricas (otra institución descuidada en los últimos años). Como parte de esta iniciativa debería zonificarse la provincia en base a la geomorfología dominante, la cobertura vegetal, la tipología de suelos, la pluviosidad, los modelos productivos, el grado de desertificación y otras variables, definiendo, por ejemplo, áreas de interrupción productiva (o descanso), áreas de producción condicionada, áreas de producción prohibida etc.
e) Introducir en la gestión pública la noción de “fábricas naturales de suelo” para conservar aquellos sistemas nativos que forman y protegen suelos también nativos. Es preocupante la persistencia de políticas de simplificación ecológica que destruyen grandes superficies de ecosistema natural, continuas, sin dejar franjas ni “islas” de alta biodiversidad y protección.
7.6. Sobre la desertificación.
a) Aplicar, a nivel provincial, la Convención sobre Combate de la Desertificación de Naciones Unidas.
b) Vigilar el avance de las fronteras del desierto y mantener permanentemente actualizado un catastro de las áreas sometidas a desertificación.
c) Fomentar y apoyar las tareas de recuperación de las áreas actualmente desertificadas de la provincia de Córdoba. Montar un sistema de incentivos, tecnologías y procedimientos para que se incremente la cobertura vegetal en estos ambientes (“Plan Cobertura Verde”).
REFERENCIAS
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Esta publicación también está disponible en Internet:
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Di Pace, M. y otros. 1992. "La utopías del medio ambiente". Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 204 p.
FUNAM. 2004. Comunicado de prensa condenando el proyecto de ley que prohíbe los desmontes totales y habilita los desmontes parciales. Ed. FUNAM, Córdoba, 2 p.
Halac, I.N. y otros. 1985. "Encuesta de datos sobre los recursos fauna y flora de la provincia de Córdoba". Publ. Subsecretaría de Gestión Ambiental, Córdoba, 81 p.
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Napolitano, D. & R.A. Montenegro. 2007. "Chapter 4, Latin America". In: "An Overview of Current Knowledge of the Social Determinants of Indigenous Health", Symposium on the Social Determinants of Indigenous Health, Adelaide, Australia, 29-30 April 2007: Ed. C. Nettleton, D. Napolitano & C. Stephens, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, pp. 27-45. Total: 141 p.
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SEGYP-CFA. 1995. "El deterioro de las tierras en la República Argentina". Ed. Consejo Federal Agropecuario, CFA, Buenos Aires, 284 p.
Zak, M.; M. Cabido y J.G. Hodgson. 2004. "Do subtropical seasonal forests in the Grand Chaco, Argentina, have a future?". Biological Conservation, 120, pp. 589-598.
5.1. Una provincia donde los ambientes naturales se han reducido en forma dramática debido a la expansión agrícola, silvícola, minera, urbana y vial.
La mayor parte de la superficie provincial ha sufrido fuertes intervenciones antrópicas sin que se hiciesen mayores esfuerzos de conservación. Actualmente se identifican cinco áreas productivas homogéneas: a) Ganadera extensiva del norte y noroeste con 3.500.000 Ha y 9.000 productores; b) Agrícolo-ganadera del centro con 2.000.000 Ha y 9.500 productores; c) Lechera del centro-este con 2.250.000 Ha y 7.000 productores; d) Agrícola del sudeste con > 1.000.000 Ha y 4.200 productores y e) Ganadera agrícola del sur con 3.200.000 Ha y unos 10.000 productores (SEGYP-CFA, 1995).
Los ecosistemas originarios del Espinal y Pampeano pueden considerarse virtualmente extinguidos. Sólo quedan remanentes poco significativos (por ejemplo los ambientes pampeanos de inundación del este y sudeste). En cuanto al Chaco serrano y de llanura, sus formaciones nativas están cada vez más presionadas.
En el Censo Nacional Agropecuario de 1988 se registraron 40.817 explotaciones agropecuarias, de las cuales prácticamente el total (98%) estaban delimitadas. Las mismas ocupaban una superficie de 13.724.886 Ha que representan el 83% de toda la superficie provincial. Asumiendo que este remanente alberga a su vez los ecosistemas “residuales” de la provincia, quedan “fuera” del sistema productivo apenas 2.875.114 Ha. Este remanente (que incluye una parte significativa del Macizo Antiguo) es verdaderamente reducido y de pronóstico ambientalmente sombrío. Los ecosistemas naturales de la provincia y sus especies vivas (la fauna y flora nativas) entraron lamentablemente en una fase de retracción forzada que afectará a mediano y largo plazo la estabilidad ambiental y económica de Córdoba. Nuestra provincia no es sustentable. Muy por el contrario, todos los indicadores muestran que el deterioro avanza mucho más rápidamente que las medidas de conservación.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables de la provincia consideraba, en 1994, que más de 1.500.000 Ha estaban afectadas por severos procesos erosivos. Los ecosistemas productivos, que despliegan procedimientos mayoritariamente no sustentables, sufren, además de erosión hídrica y eólica, importantes fenómenos de erosión biológica. Esto se produce cuando las plantas cosechadas llevan consigo nutrientes que no se reponen.
Las áreas naturales protegidas, que por otra parte no son efectivamente conservadas, resultan insuficientes para mantener focos mínimos de biodiversidad y de “fabricación” de suelos. Casi todos los flujos de genes y la biodiversidad original están o han sido fuertemente distorsionadas por el avance espectacular de las fronteras agropecuarias, los incendios, el sobrepastoreo, la tala selectiva, el desmonte, la caza, la ampliación de las fronteras urbanas, la minería de superficie y la contaminación.
Este cuadro general es francamente crítico. La falta casi crónica de enfoques ambientales y sobre todo sistémicos ha agudizado el impacto de fenómenos naturales como la sequía y el exceso de lluvias. Tanto las inundaciones del norte como las inundaciones del sur son un resultado parcial de este desorden. No se trata de endicar masas de agua ni de construir canales y caminos frente a cada contingencia, sino de adaptarse a los pulsos naturales del clima, el suelo y la biota nativa, respetando la capacidad de carga de los ecosistemas (“K”). De allí que la gestión ambiental tenga su principal obstáculo en los modelos tendenciales de producción y de administración gubernamental. La consigna tradicional ha sido crecer aunque se afectara irreversiblemente el ambiente. Esta tendencia no puede continuar.
5.2. Las nuevas amenazas agrícolas.
En Argentina la soja transgénica RR está entre las principales causas de desmonte (recordemos que más del 55% de toda la superficie cultivable se dedica a soja, con >17.000.000 de hectáreas). Lo mismo sucede en Córdoba. La soja transgénica y otros cultivos avanzan sobre superficies planas o con topografía poco acentuada que han sido desmontadas o quemadas intencionalmente.
En el norte de la provincia de Córdoba la expansión de los cultivos de soja ha generado además graves conflictos sociales, pues a la lentitud e ineficiencia del gobierno provincial para sanear títulos se superpone la acción concertada de funcionarios administrativos, judiciales y policía para expulsar de sus tierras a campesinos que durante décadas convivieron con el bosque nativo.
En la zona serrana la amenaza de la soja se suma a la expansión descontrolada de los cultivos de papa, que aumentan la destrucción de ambientes nativos, el uso intensivo y poco cuidadoso del suelo, y la aplicación de plaguicidas de alto riesgo.
5.3. Las amenazas mineras.
Actualmente una de las causas de desmonte es la utilización de vegetación de bosque serrano para su quema en hornos productores de cal (inmediaciones de San Marcos Sierra). Además de esta actividad minera dedicada a las rocas de aplicación existen otras iniciativas mineras que representan riesgos para los remanentes de vegetación nativa, sobre todo en la zona serrana.
En la provincia de Córdoba se han identificado unas 18 zonas de interés minero, muchas de ellas localizadas en ambientes con fuerte vocación turística.
Dado el impacto que suelen generar, urge el cumplimiento de la Ley del Ambiente 7.343, de su Decreto Reglamentario 2131 y del Título Complementario de la Ley Nacional de Minería 24.585. También debe aprobarse una ley que prohíba el cateo y explotación de minería metalífera a cielo abierto (incluido uranio), y prohibir además la utilización de cianuro de sodio, ácido sulfúrico y otras sustancias empleadas para la lixiviación de minerales triturados.
Los 18 posibles yacimientos son: a) Candelaria en el departamento Cruz del Eje (superficie: 30.180 Ha, yacimientos vetiformes auríferos); b) El Guaico en el Departamento Minas (superficie: 23.800 Ha, yacimientos polimetálicos de plomo, plata, zinc, vanadio, oro y otros); c) Mesa La Argentina en el Departamento Minas (superficie: 18.150 Ha); d) La Bismutina en el Departamento Minas (wolframita, scheclita, bismutita, bismutina, escasa fluorita); e) Chancaní en el Departamento Pocho (donde se sitúa un área natural protegida); f) Volcanes de Pocho (superficie: 13.200 Ha, anomalías en oro, con valores de 6 a 8 gramos por tonelada; actualmente la empresa MIM Exploraciones Argentinas S.A. desarrolla un programa de exploración por contrato); g) Río Hondo en los Departamentos Pocho y Minas (superficie: 19.510 Ha, con características similares a Candelaria); h) Cerro Los Mogotes en el Departamento Pocho; i) San Agustín, al oeste de la localidad del mismo nombre (se encuentran sulfuros de cobre, hierro y oro relacionados con la anfibolita); j) Achiras en el Departamento Río Cuarto (granitos y granitos porfíricos en afloramientos dispersos); k) Sierra de Comechingones en el Departamento Río Cuarto (superficie: 45.000 Ha, vetas de fluorita y anomalías de plomo, zinc, wolframio, oro, y molibdeno); l) Río de los Sauces en el Departamento Calamuchita, entre Río de los Sauces y Alpa Corral (área de interés por la presencia de cromo, molibdeno y oro); m) Cerro San Lorenzo en el Departamento Calamuchita (superficie: 2.588 Ha, anomalías geoquímicas importantes en cobre, níquel y oro); n) Los Mogotes en el Departamento Punilla, al oeste de La Falda (canteras de caliza, vetas de cuarzo con wolframita y berilo y otras de cuarzo con sulfuro de cobre y hierro); ñ) Pampa de Oláen en el Departamento Punilla (superficie: 400 km2 de la Fundación San Roque, amplios cuerpos de skarn con yacimientos de tugsteno, hay sulfuros de cobre y hierro diseminados, mineración wolframífera investigada con 30.000 toneladas de mineral); o) Cerro de las Minas en el Departamento Punilla (con un cateo existente de 9.000 Ha, mineralizaciones de wolframita, fluorita, galena y oro aluvional); p) Aguada del Monte en el Departamento Sobremonte (superficie: 2.400 Ha, anomalías geoquímicas de oro), y q) El Quicho en el Departamento Cruz del Eje (superficie: 36.900 Ha, depósito de aguas termales con temperaturas de 40 °C, zonas con interés prospectivo en oro).
Según la Dirección de Minería de la provincia, para 1997 Córdoba tenía contabilizados 157 yacimientos, 67 plantas de beneficio y 35 plantas de elaboración.
Recientemente la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) intentó obtener permisos de cateo para la búsqueda de uranio en un polígono cercano a la localidad de Nono, pero la Dirección de Minería de la provincia rechazó el pedido y denegó la autorización (2008). Finalmente, tras la presión de los vecinos y ONGs de Traslasierra, aglutinadas alrededor de Ongamira Despierta, el gobierno de la provincia envió un proyecto de ley que prohíbe la prospección y explotación de minerales metalíferos y del uranio y otros "minerales nucleares". La ley finalmente se aprobó (n° 9526/2008).
6. CONSIDERACIONES FINALES
Gobiernos, funcionarios, productores y ciudadanos no han internalizado todavía la gravedad del fenómeno desmonte y la inaceptable desaparición de ecosistemas completos en la provincia de Córdoba.
Los suelos, las aguas superficiales y subterráneas, los pulsos climáticos y la biodiversidad dependen de la supervivencia de estos ambientes. No hay supervivencia posible sin ecosistemas naturales en pleno funcionamiento. Pero a pesar de este hecho, y como consecuencia directa de la pasividad de los organismos públicos, el desmonte continúa en Córdoba.
La provincia es un mosaico de ambientes fuertemente influenciado por la semiaridez, con llanuras al oeste (estrechas por razones de límite) y llanuras muy amplias con drenaje mayoritariamente impedido al este. Entre ambas, sobre la franja occidental, se desarrolla una banda de topografía acentuada, el Macizo Antiguo. Este último aloja las cuencas activas de los principales ríos de la provincia, en su mayoría de escaso caudal y endorreicos. La única excepción a este conjunto de cuencas cerradas la constituye el río Ctalamochita-Carcarañá (Q = 28 m3/s) que vuelca sus aguas al río Paraná.
Dado que los ecosistemas nativos de la zona serrana están siendo destruidos, la regularidad hídrica de la mayoría de las cuencas hídricas sufre graves alteraciones. Irónicamente, al tiempo que crece la población y el consumo de agua per capita, las cuencas hídricas de captación están cada vez más alteradas. El desmanejo de las cuencas hídricas en Córdoba es desesperante.
7. PROPUESTAS
7.1. Sobre comunidades indígenas y tenedores ancestrales.
Es indispensable asegurar el cumplimiento del Artículo 75 de la Constitución Nacional y de la Convención 169 de la Organización Internacional del trabajo sobre derechos indígenas (ver Montenegro & Stephens, 2006; Napolitano & Montenegro, 2007). Un marco normativo asimilable debe proteger además a las comunidades campesinas y a los pequeños productores en tanto desplieguen métodos sustentables de uso del suelo y de los ecosistemas nativos.
7.2. Sobre desmonte y protección de la vegetación nativa.
a) Elaborar la versión provincial de la Ley de Bosques (no es una reglamentación de la ley nacional) extendiendo la protección a todos los ecosistemas (por ejemplo Espinal y Pampeano aunque estén prácticamente desaparecidos como ambiente masivo). Incluir en Categorías I y II todos los bosques nativos remanentes, continuos y discontinuos, y sus asociaciones no boscosas, ello sobre la base del último mosaico disponible de imágenes satelitales. Incluir en Categoría II todos los ambientes en sucesión y recuperables "por clausura" (corto plazo, mediano plazo, largo plazo). Incluir la derogación de la ley provincial 9219/2005.
b) Declarar en estado de emergencia a los ambientes nativos y bosques de la provincia. Su situación es desesperante. Asumir como objetivo fundamental la protección activa de los ambientes naturales de la zona serrana, base del turismo y de la provisión de agua; de los bosques secos del noroeste y norte de la provincia, violentamente saqueados, desmontados e incendiados ante la indiferencia gubernamental, y de los ambientes nativos de la zona de inundación del sur de la provincia. Las empresas de desmonte siguen barriendo miles de hectáreas de bosque nativo con autorizaciones emanadas de la Secretaría de Ambiente de la provincia, a lo que hay que sumar el desmonte ilegal por falta de controles.
c) Conservar como mínimo la actual superficie boscosa nativa (que es un 20% de la original aproximadamente), involucrando en este proyecto de conservación a los sectores públicos y privados, pero con activa participación de los pobladores rurales, grupos indígenas, grupos de base, ONGs y universidades.
d) Suspender todo proyecto de reforestación con especies exóticas o nativas de crecimiento rápido que signifiquen la previa destrucción de ecosistemas naturales, boscosos o no, fomentando en cambio la reforestación de ambientes desertificados o con graves problemas de erosión. Es indispensable que autoridades y sociedad comprendan que los bosques implantados carecen de la capacidad amortiguante, protectora y autorregulada de los bosques nativos.
e) Negociar, ante la comunidad internacional, la integración de un Superfondo para la Protección de la Biodiversidad que permita, por una parte, la conservación de ambientes nativos sin uso consuntivo, y por la otra, el financiamiento de proyectos de desarrollo sustentable. Estos proyectos pueden o no involucrar sistemas silvopastoriles de bajo impacto.
f) Fomentar y contribuir al sostén de Bancos de Germoplasma de especies nativas, en particular de las más amenazadas, con sus respectivos Herbarios (“Red de Bancos de Germoplasma y Herbarios de la provincia de Córdoba”).
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que un Banco es apenas una herramienta auxiliar que no protege la diversidad genética (propia de una población en buen estado) sino muestras de individuos y genes. Al mismo tiempo, urge proteger nuestro germoplasma de la piratería, prohibiendo y controlando la extracción sin autorización de semillas y organismos vivos de especies nativas.
g) Descartar los proyectos de "ambientes en franja" o "cortinas forestales" para proteger los ambientes periurbanos de la deriva de plaguicidas. Carecen de efecto filtro, legitiman la aplicación de plaguicidas y no son viables en términos de tenencia. Cabe recordar que los bordes urbanos suelen expandirse.
7.3. Sobre áreas naturales protegidas.
a) Aumentar la superficie destinada a parques y reservas Nacionales, Provinciales, Municipales y privadas, manteniendo los Parques Nacionales como tales sin ingerencia de los estados provinciales.
b) Conservar no solamente “ecosistemas centrales” sino también “ecosistemas de contacto entre ecosistemas” o “ecotonos”. Al mismo tiempo, gobiernos y sociedad deben asumir que los ecosistemas nunca fueron homogéneos, y que un mismo ecosistema distribuido sobre una gran superficie tiene numerosas variantes, muchas veces difíciles de detectar, que también deben ser conservadas. En este contexto, ecosistemas largos y estrechos, como el de las Yungas, son particularmente críticos.
c) Lograr una red protegida y consolidada de corredores de biodiversidad y ecodiversidad que reduzcan los efectos del “principio de biogeografía de islas” o “principio de Mac Arthur y Wilson.
d) Aplicar la Ley Nacional 26331. Igualmente el Decreto-Ley 22.344 de adhesión a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, o Convención de Washington; otras) y las normas provinciales sobre flora (por ejemplo: Decreto provincial sobre actividades forestales 2.111 de 1956; Resolución 8.717 de 1950 que prohíbe la destrucción por corte o incendio de la palmera Trithrinax campestris; Resolución 4.343 de 1965 que prohíbe la explotación, cortes aislados o desgajado del quebracho colorado Schinopsis lorentzii en el departamento Río Seco, cualquiera sea su estado vegetativo; Ley 8.066/91 sobre actividad forestal etc.) y elaborar, cada año, el decreto sobre especies cuya extracción o tala está permitida (ello con cupos totales y condiciones).
e) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre “bosque protector” y “bosque permanente”. Tales normas de declaración incluyen las siguientes áreas: e.1) Area de palmera (Trithrinax campestris), norte y oeste de la provincia (Decreto 8.717 de 1950; e.2) Faldeo occidental de las Sierras Chicas desde San Marcos Sierra hasta Carlos Paz (Resolución 2.551 de 1951); e.3) Faldeo occidental de las Sierras Chicas, desde Los Molinos hasta dique de Embalse de Río Tercero (Resolución 2570 de 1951); e.4) Faldeo occidental de las Sierras Grandes, desde Mina Clavero hasta La Paz (Resolución 2.570 de 1951); e.5) Masas arbóreas existentes en los Departamentos Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca (Resolución 2.728 de 1951); e.6) Formación leñosa de tamarisco (Tamaris gallica) que margina el lecho del río Quinto; e.7) Faldeo occidental de las Sierras Grandes, desde Salsacate hasta Mina Clavero (Resolución 2.722 de 1951); e.8) Pampa de Pocho (Resolución 2.722 de 1951); e.9) Adyacencias del Cerro Colorado (Resolución 3.674 de 1954 y Resolución 0261 de 1974); e.10) Masas arbóreas y núcleos existentes en el Departamento Capital (Resolución 3.929 de 1954); e.11) Monte de las Barrancas, luego transformado en área natural protegida (Resolución 0279 del año 1958); e.12) Faldeo oriental de las Sierras Chicas entre la Cañada del río Pinto y Villa Rivera Indarte (Resolución 1.408 de 1961); e.13) Ampliación del área “3” hacia el oeste, hasta el camino de la costa que une las localidades de Los Pozos, Las Rosas, Luyaba y Piedra Blanca (Resolución 2.235 de 1962); e.14) Faldeo occidental de la Sierra de Guasapampa (Resolución 2.719 de de 1963); e.15)Pampa de Olaén (Decreto 2.726 de 1965, que aprueba la Resolución 4.544 de ese mismo año); e.16) Margen de la Ruta Nacional nº 19 entre la localidad de Tránsito y el Tío (Resolución sin identificar); e.17) Margen izquierda del río Soto, entre Villa de Soto y La Toma (Resolución 4.288 de 1965); e.18) Cuchi Corral en el Departamento Punilla (Resolución 4.543 de 1965?); e.19) Potrero del Estado (Decreto 0014 de 1966 que aprueba la resolución 5.388 del mismo año); e.20) Los Pocitos-Chancaní, posteriormente y en parte transformado en área natural protegida (Resolución 5.100 de 1966): e.21) Área comprendida entre Puesto del Francés y el río Quilpo (Resolución 7.630 de 1968); e.22) Área comprendida entre Villa de Soto, La Puerta, Candelaria y Cruz de Caña (Decreto 2.251 de 1968 que aprueba la Resolución 7.575 del mismo año); e.23) Declaración de bosque permanente a todas las franjas boscosas que marginan los caminos y rutas nacionales y provinciales dentro del territorio de la provincia (Resolución 0150 de 1958), y e.24) Formaciones boscosas que recubren los faldeos septentrionales de los cordones de las Sierras Chicas, Sierras Grandes, Sierras de Pocho y Sierras de Serrezuela (Resolución 4.288 de 1965).
f) Proteger los pastizales nativos de la provincia, de los cuales quedan: f.1) relictos de la Provincia Biogeográfica Pampeana en el sur; f.2) relictos del bosque de algarrobo y negro (Provincia Biogeográfica del Espinal, un ecosistema prácticamente desaparecido); f.3) pastizales de inundación en el área de derrame del río Dulce (humedales, Provincia Biogeográfica Chaqueña), y f.4) los romerillales y pastizales de altura de la zona serrana (también Provincia Biogeográfica Chaqueña). Estos últimos están siendo destruidos por la expansión de los cultivos de papa semilla, los incendios y el sobrepastoreo.
g) Proteger activamente la flora no forestal y no pastizal, en particular las plantas medicinales, aromáticas, de condimento y ornamentales (incluidas cactáceas y Pteridófitas), cada vez más presionadas por la extracción salvaje. Debe tenerse en cuenta que en Córdoba existen especies citadas como presionadas o amenazadas en 344 géneros de plantas verdes (4 géneros de Pteridófitas, 1 género de Gimnospermas, 251 géneros de Dicotiledóneas, 78 géneros de Monocotiledóneas) (Halac y otros, 1985).
Como parte de esta estrategia de conservación, fomentar el cultivo orgánico de especies medicinales, aromáticas, de condimento y ornamentales sin generar una extracción masiva de germoplasma nativo. Al mismo tiempo, y hasta tanto funcionen estas unidades productivas, reglamentar la extracción de estas plantas y dictar cursos para su uso sustentable. Traslasierra por ejemplo está perdiendo a un ritmo geométrico su biodiversidad en plantas medicinales y aromáticas. El auge de bebidas “a base de yuyos” y de productos “naturales”, de creciente demanda, implican, irónicamente, la disminución poblacional de especies emblemáticas de nuestras sierras, como la peperina (Minthostachys verticillata).
h) Fomentar y proteger las actividades de repoblamiento ecosistémico (clausuras), de repoblamiento forestal con las especies autóctonas características del área repoblada, y el cultivo a gran escala de especies nativas forestales como el algarrobo (Prosopis spp.). Actualmente el desarrollo de sistemas de cultivo de nativas es llevado adelante gracias al esfuerzo de personas e instituciones no oficiales. No existe una política gubernamental verdaderamente clara y decidida de promoción.
i) Aplicar la Ley Provincial de Areas Naturales 6.964 (Decreto 3.442 de 1983) y la normativa sobre creación de áreas (ver capítulo de legislación). Sería conveniente sin embargo reformular la Ley de Areas naturales Protegidas o bien reemplazarlo por una nueva Ley que tuviera en cuenta los siguientes aspectos:
j) Recategorizar el total de áreas naturales protegidas de la provincia, cualquiera sea su jurisdicción, con el sistema de la Administración de Parques Nacionales (APS). Este último consta de ocho categorías. De este modo se homogeneizaría el sistema de clasificación y protección
k) Administrar las áreas naturales de la provincia de Córdoba, actualmente sometidas a un inconcebible abandono administrativo y de control (“áreas de papel”): k.1) Cerro Colorado (Superficie: 3.000 Ha, Grado de Protección según la Administración de Parques Nacionales: VII); (k.2) Chancaní (Superficie: 4.920 Ha, Grado de Protección II+IV); k.3) La Quebrada (Superficie: 4.200 Ha, Grado de Protección IV); k.4) Laguna La Felipa (Superficie: 1.307 Ha, Grado de Protección IV); k.5) Mar Chiquita (Superficie: 600.000 Ha, Grado de Protección VIII); k.6) El Potrerillo (Superficie: 500 Ha, Grado de Protección IV); k.7) Las Tunas (Superficie: 300 Ha, Grado de protección VI); k.8) Las Tunitas (Superficie: 300 Ha, Grado de Protección VI); k.9) Monte de las Barrancas (Superficie: 7.568 Ha, Grado de Protección I) y k.10) Suquía (Superficie: 78 Ha, Grado de Protección V). Esta última debería ser traspasada a la Municipalidad de Córdoba para su control más efectivo.
l) Contribuir a la protección de las áreas naturales protegidas establecidas sobre territorio federal: l.1) Vaquerías (dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, Superficie: 400 Ha, Grado de Protección: VIII) y l.2) Parque Nacional Quebrada del Condorito (Administración de Parques Nacionales, Superficie: aproximadamente 40.000 Ha).
m) Contribuir a la protección de las áreas naturales protegidas establecidas sobre territorio municipal: m.1) Parque Tau, de la Municipalidad de Bell Ville (Superficie, 68 Ha; Grado de Protección: VI), y m.2) Parque General San Martín (parcial, Municipalidad de Córdoba).
n) Contribuir a la protección de las áreas naturales protegidas establecidas sobre terrenos privados: n.1) Reserva de Vida Silvestre La Aguadita (Superficie 67 Ha, Grado de Protección: I+IV) y n.2) Reserva de Vida Silvestre Las Dos Hermanas (Superficie: 1.055 Ha, Grado de Protección: IV). Existen en carpeta y en los hechos numerosas iniciativas privadas que podrían aumentar el disponible de áreas naturales protegidas de propiedad privada (Reserva de Vida Silvestre Kurrupachina por ejemplo).
Lamentablemente, tanto la flagrante violación de la normativa de bosques protectores y permanentes como la inadecuada protección de las áreas naturales “protegidas” (sic), incluida la acción de factores degradantes como la extracción selectiva de madera, leña, plantas medicinales y rocas de aplicación, la tala masiva (desmonte), el fuego, el sobrepastoreo, la caza y la descarga de contaminantes (todos, por definición, ilegales en las áreas bajo protección), llevaron el sistema a un inadmisible estado de indefensión y deterioro en muchos casos irreversible. Actualmente el patrimonio forestal nativo de la provincia está en crisis extrema.
m) Crear nuevas áreas naturales protegidas en toda la provincia (nacionales, provinciales, municipales, privadas, mixtas etc.), e incorporar -a las existentes- nuevas figuras de protección (por ejemplo Reserva de la Biosfera e incorporación activa al listado de sitios bajo protección de la Convención sobre Humedales de Ramsar de la actual área natural protegida de Mar Chiquita). Crear la Reserva Natural de la Memoria en los terrenos del Ejército.
Entre otras areas proyectadas para la provincia figuraban: m.1) Reserva Cultural Natural Charquina con 8.000 Ha; m.2) Reserva Natural Uritorco con 20.000 Ha; m.3) Reserva Natural Los Gigantes con 12.000 Ha; m.4) Monumento Natural Champaquí con 12.000 Ha; m.5) Reserva Natural de los Bañados del Saladillo con 8.000 Ha y m.6) Reserva Recreativa Natural El Diquecito con 3.000 Ha.
n) Consolidar la creación, adjunta al Parque Nacional de Quebrada del Condorito, de la Reserva Hídrica de Pampa de Achala.
o) Incorporar al sistema de áreas naturales protegidas las cuevas, cavernas y otros tipos de formación geológica, incluidas las de origen antrópico (Cerro Colorado ya se hallaría incluida en un sistema precario de protección). Para ello podría tomarse como referencia la Ley 5.978 de la provincia de Mendoza sobre “Cavidades naturales de la Tierra”.
p) Mantener permanentemente actualizado un Banco de Datos con el estado (superficie, volumen) de los ecosistemas naturales de la provincia de Córdoba en base a la lectura de imágenes satelitales, fotografía aérea, apoyatura de campo y otras fuentes (ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos). Un proyecto de este tipo, denominado “Libro y Mapa Rojo de los Ecosistemas” es coordinado por la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) en asociación con universidades.
q) Sostener la participación de Córdoba en la “Red Nacional de Cooperación Técnica en Areas Naturales Protegidas” y otras instancias, nacionales, regionales e internacionales. En este contexto es fundamental el mantenimiento de canales fluidos de comunicación e incluso trabajo conjunto con la UNESCO, que opera la red de sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” y la red de ”Reservas de la Biosfera”. Cabe acotar que la provincia, en un trámite que ya lleva muchos años, intenta incorporar Cerro Colorado a la lista de sitios “Patrimonio de la Humanidad”.
7.4. Sobre fauna nativa.
a) Aplicar las leyes nacionales y provinciales de fauna (Ley Nacional de Fauna 22.421; Decreto-Ley 22.344 de adhesión a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, o Convención de Washington, de 1973; otras normas), y elaborar, cada año, el decreto sobre caza y pesca con la lista de las especies de pesca y caza permitidas. Cada proceso de elaboración del decreto debería trabajarse en estrecha relación con la Dirección de Impacto Ambiental y el Consejo Provincial del Ambiente. Urge establecer por Ley las especies de la fauna con protección absoluta. El organismo provincial de fauna debería armonizar mecanismos de control con las Municipalidades, fomentando la redacción y aprobación de ordenanzas sobre fauna que proyecten el contenido de las normas provinciales. Este trabajo en red, respetuoso de las respectivas jurisdicciones, es fundamentar para el logro de controles más efectivos.
b) Recrear y apoyar el funcionamiento independiente, aunque dentro de la normativa vigente, del Cuerpo de Guardafaunas Honorarios de la provincia.
c) Blanquear los sistemas de regulación, control y fomento de cría de animales de la fauna silvestre para evitar la proliferación de “criaderos pantalla”. Eliminar paulatinamente de la provincia los actuales zoológicos privados, cuyos “stocks” faunísticos son alimentados vía la extracción de individuos de sus ambientes naturales. La crónica falta de controles de la provincia facilita estos procesos de microvaciamiento de ecosistemas.
d) Mantener actualizado el “Libro Rojo” de las especies de la fauna nativa amenazadas de retroceso (distintas categorías). Armar y sostener un sistema práctico de monitoreo de las poblaciones en estado crítico. Debe tenerse en cuenta que el estudio conducido por Inés Halac y otros en Córdoba (1985, Subsecretaría de Gestión Ambiental) consideró incluidos en el universo de especies de la fauna presionadas y amenazadas 4 especies de Reptiles, 25 especies de Aves y 27 especies de Mamíferos (Halac, 1985).
Formas como la boa de las vizcacheras (Boa constrictor constrictor occidentalis), el cóndor (Vultur gryphus), el gato de las salinas (Felis geoffroyi salinarum), el gato montés (Felis geoffroyi geoffroyi), el gato pajero (Felis colocolo), el gato moro (Felis yaguaroundi eyra), el conejo de los palos (Pediolagus salinicola) y el pecarí de collar (Tayassu tajacu), por ejemplo, tienen estados poblacionales críticos y pueden ser considerados, de no mediar cambios en su protección, como virtualmente extinguidos en menos de medio siglo. Córdoba sigue despilfarrando a una velocidad realmente peligrosa su biodiversidad nativa.
e) Establecer un Banco de Germoplasma Faunístico sobre la base de los “bolsones” y “corredores” de genes a que se hizo referencia anteriormente, y los reservorios legales de especies nativas (criaderos de investigación, criaderos comerciales, zoológicos no lucrativos etc.). Proteger nuestro germoplasma faunístico de la piratería, prohibiendo y controlando la extracción sin autorización de crías y adultos de especies nativas.
f) Sostener la participación de la provincia de Córdoba en el ECIF, Ente Coordinador Interprovincial de la Fauna, y en otras instancias de trabajo conjunto, nacionales, regionales (como Mercosur) e internacionales (como la propia CITES y otras convenciones).
7.5. Sobre los suelos.
a) Aplicar la Ley Nacional de Fomento de la Conservación de Suelos 22.428/1981 y su Decreto reglamentario 681/1981.
b) Definir una clara política de conservación de suelos para todo el territorio de la provincia, no solamente para las zonas de llanura y alta productividad del sur, centro y este. Urge integrar al sistema de conservación los suelos serranos, los suelos del oeste y los suelos del norte de Córdoba.
c) Promocionar y apoyar los “Consorcios de Conservación de Suelos” en toda la provincia. Uno de los casos exitosos de manejo es el Consorcio de Conservación de Suelos “El Salto” en las llanuras de Almafuerte y Río Tercero. Agrupa a 77 productores y se extiende sobre más de 15.000 Ha de superficie. Las técnicas agronómicas que se practican allí incluyen modificación de las técnicas de laboreo convencional (que daban vuelta el pan de tierra), uso de herramientas con cincel, rotación de cultivos y siembra directa. Entre las obras de ingeniería de “El Salto” destacan la sistematización de los campos con curvas de nivel, terrazas de desagüe, canales de desagüe que reciben los aportes de las terrazas y diques de retención de agua. Hasta ahora se logró controlar el 100% de la erosión en cárcavas.
d) Diseñar un sistema de “Cuencas edáficas” para orientar los sistemas de apoyo y control, estrechamente asociado con el sistema de Cuencas Hídricas (otra institución descuidada en los últimos años). Como parte de esta iniciativa debería zonificarse la provincia en base a la geomorfología dominante, la cobertura vegetal, la tipología de suelos, la pluviosidad, los modelos productivos, el grado de desertificación y otras variables, definiendo, por ejemplo, áreas de interrupción productiva (o descanso), áreas de producción condicionada, áreas de producción prohibida etc.
e) Introducir en la gestión pública la noción de “fábricas naturales de suelo” para conservar aquellos sistemas nativos que forman y protegen suelos también nativos. Es preocupante la persistencia de políticas de simplificación ecológica que destruyen grandes superficies de ecosistema natural, continuas, sin dejar franjas ni “islas” de alta biodiversidad y protección.
7.6. Sobre la desertificación.
a) Aplicar, a nivel provincial, la Convención sobre Combate de la Desertificación de Naciones Unidas.
b) Vigilar el avance de las fronteras del desierto y mantener permanentemente actualizado un catastro de las áreas sometidas a desertificación.
c) Fomentar y apoyar las tareas de recuperación de las áreas actualmente desertificadas de la provincia de Córdoba. Montar un sistema de incentivos, tecnologías y procedimientos para que se incremente la cobertura vegetal en estos ambientes (“Plan Cobertura Verde”).
REFERENCIAS
Bono, J.; M.G. Parmuchi; M. Strada; C. Montenegro; E. Manghi e I. Gasparri. 2004. "Mapa forestal provincia de Córdoba. Actualización año 2002". Publicación de la Dirección de Bosques, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires, 24 p.
Esta publicación también está disponible en Internet:
www.medioambiente.gov.ar/documentos/bosques/umsef/cartografia/informe_cpordoba_dic04_final.pdf
Cabido, M. & M. Zak. 1999. "Vegetación del Norte de Córdoba. Córdoba, Argentina". Publicación de la Agencia Córdoba Ambiente, XI, 52 p.
Cabrera, A, & A. Willink. "Biogeografía de América Latina". Ed. OEA, Washington, 120 p.
Di Pace, M. y otros. 1992. "La utopías del medio ambiente". Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 204 p.
FUNAM. 2004. Comunicado de prensa condenando el proyecto de ley que prohíbe los desmontes totales y habilita los desmontes parciales. Ed. FUNAM, Córdoba, 2 p.
Halac, I.N. y otros. 1985. "Encuesta de datos sobre los recursos fauna y flora de la provincia de Córdoba". Publ. Subsecretaría de Gestión Ambiental, Córdoba, 81 p.
Luti, R. y otros. Vegetación. En: “Geografía Física de la Provincia de Córdoba”, Ed. Boldt, Córdoba, pp. 297-368.
Montenegro, R.A. 1987. "La deforestación en la República Argentina". Actas WRI/ELCI/ANCON, Panamá, 5 p.
Montenegro, R.A. 1999. "Introducción a la ecología y la gestión ambiental". Ed. Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, 199 p.
Montenegro, R.A. & C. Stephens. 2006. "Indigenous Health in Latin America and the Caribbean". The Lancet, Vol. 367, pp. 1859-1869.
Napolitano, D. & R.A. Montenegro. 2007. "Chapter 4, Latin America". In: "An Overview of Current Knowledge of the Social Determinants of Indigenous Health", Symposium on the Social Determinants of Indigenous Health, Adelaide, Australia, 29-30 April 2007: Ed. C. Nettleton, D. Napolitano & C. Stephens, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, pp. 27-45. Total: 141 p.
Primavesi, A. 1984. "Manejo ecologico do solo",1984, Ed. Nobel, Brasil, 541 p.; Montenegro, R.A. 1994. Introducción a la ecología. Ed. Univ. Nac. de Mar del Plata, Mar del Plata, 141 p.
SEGYP-CFA. 1995. "El deterioro de las tierras en la República Argentina". Ed. Consejo Federal Agropecuario, CFA, Buenos Aires, 284 p.
Zak, M.; M. Cabido y J.G. Hodgson. 2004. "Do subtropical seasonal forests in the Grand Chaco, Argentina, have a future?". Biological Conservation, 120, pp. 589-598.
Les comparto mi poema . . .
ResponderEliminarBOSQUE . . . JAS
“Grave ecocidio forestal, la vida en peligro mortal.”
Los árboles sufren de pie,
por sus raíces, asidas a la fe,
enferman, lloran, fenecen,
tan cruel suerte no merecen.
El más humilde follaje
es víctima del ultraje,
¿quién resarcirá su orgullo,
quién les dará tierno arrullo?
Soy el alma de los bosques
que, por culpa de unos torpes,
“vegetan” con flora inerte
o han encontrado la muerte.
Soy la entraña de los montes,
de colinas, horizontes,
que han quedado desolados,
por algunos desalmados.
Soy la esencia de natura,
víctima de la incultura,
de intereses de unos cuantos,
por los que sufro de espantos.
Florestas de oyamel y pino,
¿porqué tan brutal destino?,
son taladas, son quemadas,
en lugar de ser amadas.
Robles, caobas maderas,
tropicales arboledas,
de la vida son las vetas,
hay que imponer serias vedas.
Contingencias ambientales,
algunas monumentales,
destruyen su ecosistema,
por imperio, por sistema.
¡A impedir que eso suceda,
que su grandeza no muera!,
son los pulmones del orbe,
oxígeno que se absorbe.
Soy la conciencia de todos
los seres humanos probos
que, a toda ciencia y paciencia,
cuidarán de la existencia.
De las frondas, de su fauna,
dejando atrás todo trauma,
remediando el ecocidio,
la sociedad en concilio.
Soy principio de justicia
que, a los pueblos, acaricia,
soy la condena del mundo
que clama, en lo más profundo:
“Talamontes infelices,
que no siguen directrices,
incendiarios despiadados
que, del diablo, son aliados.
Dejen en paz nuestros bosques,
ya somos sus guardabosques,
¡muy pronto tendremos fiesta,
nuestro amor los reforesta!”
Autor: Lic. Gonzalo Ramos Aranda
Pátzcuaro, Michoacán, México, a 06 de junio del 2013
Reg. SEP Indautor No. 03-2013-111212464200-14
A la memoria de la Reserva Ecológica “Estribo Grande”, pulmón de la región de Pátzcuaro, devastada en un 90% (noventa por ciento), debido al incendio ocurrido los días 12 y 13 de abril del 2013.